Nota de opinión del Presidente del Bloque UCR y del Interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri.

Mientras Argentina necesita definir un modelo exportador, el Gobierno nacional da señales concretas de avanzar hacia un modelo expropiador. Por medio de un DNU, cuyos pretendidos fundamentos hay que buscarlos en una ley de la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, intenta apropiarse de una de las más importantes cerealeras del país.

Digo esto porque más allá de afirmar que se trata de una situación excepcional fundada en la difícil situación de la empresa, los argumentos con los que el kirchnerismo intenta justificar la decisión son variados, contradictorios y, por lo tanto, difíciles de sostener. Seguramente, el que más desplegarán públicamente será “evitar una mayor concentración y extranjerización de la producción y comercialización de alimentos”.

Si bien podría aparecer razonable a primera vista, no es éste el caso concreto ni la expropiación el instrumento correcto. Tratándose de una empresa en concurso sometida a la jurisdicción y al control de un tribunal de justicia y siendo un banco estatal el mayor acreedor, el derecho sobre su crédito debe ser invocado en el marco de ese proceso judicial porque así lo mandan la Ley de Concursos y Quiebras y la propia Constitución Nacional y el Gobierno es el principal obligado a cumplirlas.

Además, si ese fuera el verdadero fundamento, existen otros mecanismos para resolverlo, ya cualquier hipotética venta estará sujeta a la aprobación previa de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Fundamento menos épico, pero más legal.

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