El proyecto de reforma judicial debe ser retirado del Congreso de la Nación, ya que supone avanzar sobre la Justicia Federal tomándola por asalto, poniendo en crisis su independencia, a partir de la creación de nuevos juzgados y el nombramiento de jueces subrogantes.

Arrancó mal este Gobierno y con la excusa de mejorar la Justicia apela a las recetas y fórmulas del pasado que nos condujeron hasta acá, sintetizando en un solo proyecto a los “jueces de la servilleta” del menemismo, con la “colonización de la justicia” del kirchnerismo.

Cualquier lector desprevenido se da cuenta de las verdaderas intenciones del Gobierno. Por un lado, aumenta los juzgados de Comodoro Py y, con esto, multiplica por tres los problemas -pasando de 12 juzgados a 46- y, por el otro, designa a la mitad de ellos por fuera de lo que la Constitución establece.

Si considera que hay jueces que incumplieron sus deberes, que actuaron con mal desempeño, debería iniciar el proceso de destitución, pero no sólo ha sido su partido el que históricamente ha nombrado a su gran mayoría, sino que también ha estado al servicio de los jueces cuestionados para impedir su remoción, llámese Oyarbide o quien sea.

Es tal la fijación con Comodoro Py, y su intento de someterlo, que el proyecto dispensa un diferente tratamiento, con dos velocidades muy distintas, entre los nuevos juzgados a crearse allí, respecto de los 94 juzgados que propone crear en el interior del país. A los primeros, tratamiento exprés y rápida puesta en funcionamiento a través de subrogantes en Juzgados nuevos, allí es a toda velocidad y excediendo los límites permitidos. A los segundos, cumpliendo con la Constitución para su nombramiento, algo que debería ser la regla en ambos casos. Las diferentes velocidades dejan a la luz que el corazón del proyecto está en Comodoro Py, por ser el lugar en donde se investiga, enjuicia y condena a los funcionarios por hechos de corrupción.

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