Nota de opinión del diputado nacional Facundo Suárez Lastra en La Nación

Sabemos por la dura experiencia que estamos viviendo que ante la presencia de un virus con gran potencial de daño y contagio corresponde poner a quien lo porta, o presuntamente lo porta, en cuarentena.

Esto es exactamente lo que pasa con el marco en el que se presenta el proyecto de ley de reforma judicial. La política judicial del gobierno está presentando síntomas claros y preocupantes.

No tiene fiebre, pero pone a los testigos protegidos en la órbita del Poder Ejecutivo. No se manifiesta una pérdida del gusto, pero sí una sospechosa desvalorización de la utilidad de la ley del arrepentido. Por suerte no suspende el olfato (muy por el contrario: lo aviva en muchos) pero designa Procurador del Tesoro a un representante de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien justamente, está procesada. Tampoco se manifiesta con tos seca, pero propone para Procurador General de la Nación al candidato también de la vicepresidenta procesada. No se registra dolor de garganta, pero incentiva la renuncia de jueces con un cambio en el sistema jubilatorio para cubrir las vacantes con subrogancias que puedan serles favorables al actual gobierno. No se observa fatiga, pero sí la ofensiva contra el Procurador General de la Nación presionando por su renuncia. No hay dolor de cabeza (todavía) pero defienden en el Consejo de la Magistratura a los jueces sometidos a juicio político por enriquecimiento ilícito. Podría seguir describiendo otros síntomas, porque la lista es larga, pero con esto nos basta para impulsar la cuarentena que proponemos.

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