Nota de opinión del diputado nacional Martin Berhongaray en Perfil

Dentro de las modificaciones que el Gobierno proyecta introducir en la organización de la justicia de la Capital Federal se destaca al traspaso de magistrados, funcionarios y empleados de la órbita nacional hacia el sistema judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el sustancial incremento de la cantidad de jueces federales en lo criminal y correccional. Más allá de los méritos o deméritos de la reforma proyectada, la opinión pública debe estar alerta respecto de los propósitos que subyacen a ella y, fundamentalmente, a la composición y los designios de las instituciones que han de tener a su cargo el proceso de transición.

Cabe recordar que la arquitectura constitucional diseñada por la reforma de 1994 en lo relativo al nuevo status de la Ciudad de Buenos Aires, retomó una idea de antigua data de un régimen autónomo que deposite en sus habitantes la potestad de decidir sobre la organización de sus propias instituciones.

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