Nota de opinión de la diputada nacional Claudia Najul en Clarín

Diez días atrás, el oficialismo en el Senado, en soledad, le dio luz verde a un proyecto que representa un palo en la rueda para los emprendedores de toda la Argentina. Otro más, en un contexto de por sí muy difícil para el desenvolvimiento de proyectos pequeños y medianos.

Lo que sucedió en la Cámara Alta es el correlato de un sinfín de resoluciones que la Inspección General de Justicia (IGJ) viene emitiendo desde que la nueva gestión se hizo cargo del organismo, que reducen el campo de acción de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), el nuevo tipo societario implementado en el marco de la Ley de Emprendedores sancionada en 2017, impulsada por Cambiemos y sostenida por un amplio acuerdo político.

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