El llamado proyecto de reforma judicial no es tal cosa, sino una enorme multiplicación de cargos judiciales y del ministerio público.

El proyecto de ley crea 279 órganos: 132 judiciales, 113 en el Ministerio Público Fiscal y 34 en la defensa. Con más 45 secretarias. Un total de 324 órganos.

Si la Justicia Federal tiene un funcionamiento deficiente (que en términos generales lo tiene) no se advierte de qué forma podría superarse ese mal funcionamiento sumando más cargos para hacer lo mismo y de la misma forma. Tampoco hay que dejar de considerar el costo presupuestario de la iniciativa, que se estima en el orden de los $ 4000 millones anuales.

Ciertamente es la primera de las incongruencias del proyecto, ya que el gobierno hizo sancionar a fines del año pasado la ley de las nueve emergencias, con una inédita delegación de poderes del Congreso en el Poder Ejecutivo, que entre otras cosas dio lugar a la suspensión de la fórmula de actualización trimestral de las jubilaciones y pensiones.

Mientras se genera un ahorro fiscal sobre la base de no reconocerle a los jubilados los aumentos que por ley les hubiesen correspondido, se promueve esta profusión de nuevos órganos judiciales y del ministerio público.

La otra incongruencia pasa por crear nuevos juzgados, cuando la transición al nuevo sistema de enjuiciamiento penal -de orden acusatorio- demandará más fiscales, toda vez que son estos últimos los que tendrán a su cargo el ejercicio de la acción pública, es decir, la dirección de la investigación, la imputación y la acusación en materia penal.

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