Nota de opinión del diputado nacional Diego Mestre en Clarín

Obviemos la ilegalidad que reviste la expropiación coactiva de una de las mayores empresas agroindustriales del país. Con su decreto, Alberto Fernández pasó por encima del juez que intervenía en la causa, desconociendo sus propios límites. Tampoco nos detengamos en el mensaje de inseguridad jurídica que se acaba de enviar al resto del mundo.

Con certeza, este avance del Gobierno sobre el sector privado representa un precedente grave y un indicador inequívoco de que vamos otra vez rumbo a un “superestado” que utiliza el truco gastado de invocar la palabra soberanía para decretar acciones que dañan derechos. Los argentinos ya vimos esta película unas cuantas veces. ¿Acaso puede tener otro final?

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