La diputada nacional Brenda Austin (UCR-Córdoba) celebró este jueves la ratificación por parte del Congreso de la Nación del Acuerdo de Escazú y destacó que, al incorporar este tratado regional a su derecho interno, la Argentina suma “poderosas herramientas para construir un nuevo paradigma ecocéntrico”.

“Con la aprobación de la Cámara de Diputados, la Argentina se convierte en el décimo país en ratificar el Acuerdo de Escazú, acuerdo regional vinculante para nuestros países, el primero de naturaleza ambiental para Latinoamérica y el Caribe, que requiere de once ratificaciones para entrar en vigor. El aporte de la Argentina es absolutamente clave en esta dirección y sin lugar a dudas va a dar impulso al resto de los Estados para avanzar con las ratificaciones respectivas”, señaló Austin, autora de uno de los primeros proyectos de ley para la ratificación de este tratado en el país.

La diputada remarcó que los tres principales aspectos del Acuerdo de Escazú –el acceso a la información pública, el acceso a la Justicia y la participación ciudadana- “son pilares esenciales para fortalecer la gobernanza ambiental y también herramientas absolutamente poderosas para que la Argentina construya un nuevo paradigma ecocéntrico, tal como lo pidió la Corte Suprema de Justicia”.

“Debemos entender que el cuidado del ambiente no solamente es un compromiso ético y moral sino un mandato constitucional que el Estado argentino tiene que empezar a cumplir”, señaló Austin en la sesión en la Cámara baja y agregó que “esta propuesta para nivelar el acceso a los derechos, implica para la Argentina la necesidad de reforzar y tomar en serio todos sus marcos normativos” en materia ambiental.

En su mensaje, Austin también destacó “la capacidad de ponerse de acuerdo entre partidos de diferentes bloques” para acompañar el Acuerdo de Escazú, al tiempo que resaltó “el enorme esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil, que –aseguró– fueron las verdaderas protagonistas de la ratificación de la Argentina” a este tratado.

“Hay una nueva generación que pide que cuidemos la casa común y entendamos el mandato constitucional que nos ordena a proteger el ambiente. La única perspectiva posible que tenemos por delante es el desarrollo sostenible y sustentable. Es tiempo de hacer algo más que discursos. Es tiempo de sancionar leyes y revisar nuestros marcos normativos y hacerlos cumplir. Tenemos que abrir los ojos y empezar a actuar”, completó.

El Acuerdo de Escazú es un tratado vinculante adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense del mismo nombre y fue producto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20). Allí se jerarquiza el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en los países de América Latina y el Caribe. Su vigencia depende de que al menos 11 países lo ratifiquen y, con la aprobación de la Congreso de la Nación Argentina este jueves por la noche con 240 votos afirmativos, ya hay 10 ratificaciones.

  Este tratado, el primero a nivel mundial en contener disposiciones específicas sobre la protección de los activistas y defensores ambientales, resulta especialmente relevante para la región puesto que busca garantizar los derechos de acceso a la información pública ambiental, la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en materia ambiental.

  El Acuerdo de Escazú establece que su instrumentación persigue “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.