La Comisión de Mercosur de la Cámara, presidida por Fernando Iglesias, debatió hoy un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con las medidas dispuestas por los presidentes del Mercosur sobre coordinación regional para la contención y mitigación del coronavirus, según la declaración firmada el 19 de marzo, cuyo primer punto está referido a medidas para el retorno de los varados.

“Hubo incumplimiento de varios puntos del acuerdo”, señalaron los legisladores de Juntos por el Cambio. Los diputados del Bloque del Frente de Todos junto a otros aliados, como el Bloque Federal, se negaron a acompañar el cuestionario al Ejecutivo.

Entre otras cuestiones del pedido de informes, se consulta al gobierno sobre las medidas de coordinación para el transporte de ciudadanos argentinos al país, la cantidad de ciudadanos argentinos o residentes en el país se encuentran todavía impedidos de regresar desde cada uno de los países del Mercosur; los acuerdos con los otros países del Mercosur para el desplazamiento de argentinos en sus territorios que permitan su regreso por vía terrestre; y los corredores seguros, aéreos, terrestres, marítimos o fluviales para permitir el retorno de los ciudadanos varados en el Mercosur.

Durante la reunión, el diputado Alvaro de Lamadrid remarcó que “lo que exigimos es que el Gobierno abandone las excusas, abandone la estrategia de hacer vuelos por goteo, y que realmente y en forma definitiva, supliendo el tiempo perdida, concrete un plan serio de repatriación que tenga por norte traer a todos los argentinos varados en el exterior. Todos los argentinos somos iguales, tenemos los mismos derechos, y tenemos derecho a volver a nuestro país”.

“Lo que hemos visto durante todo este tiempo es un derrotero de desprecio hacia los varados en el exterior. Se inició cuando el presidente de la Nación los estigmatizó, les dijo que tenían que esperar, que fueron irresponsables, que viajaron en un momento de alerta, que se trataba de los más ricos, que iban a poder solventar sus gastos, y que tenían responsabilidad en cuanto a los contagios que se estaban produciendo en el país. Eran tiempos en los cuales el ministro de Salud decía que no nos preocupáramos porque el coronavirus no iba a llegar pronto a la Argentina”, agregó.

Y recordó que “el 16 de marzo presenté un proyecto de resolución exigiendo a la Cancillería que llevara adelante un listado de todos los argentinos en el exterior, que hiciera la evacuación hacia las ciudades desde donde se los iba a repatriar. Eso fue el 16 de marzo, 4 días antes de la cuarentena, cuando el presidente había cerrado Ezeiza. Tenía plena conciencia de que este iba a ser un problema si no se resolvía prontamente dando el 100 % ciento de las posibilidades desde el Estado.

“Lo que han pasado los argentinos en el exterior es una calamidad. Por muchísimos días no se ocupó el gobierno del tema, lo único que hizo fue buscar excusas, lo único que hizo fue no saber qué hacer para que se parezca que hacían algo mientras no se ocupaba del tema. La palabra repatriar es ir a buscar y traer, sin ninguna condición”, insistió.

Por su parte, el diputado Luis Petri remarcó que “solo queremos que vuelvan los argentinos que se encuentran en el exterior. Es insostenible que queden casi 14.000 argentinos sin poder volver luego de 60 días de dictado los decretos que restringieron su regreso. Se dictaron innumerables decretos desde el 12 de marzo, que prohibieron el ingreso de residentes en el país y argentinos residentes en el exterior, y a partir de ahí se produjeron innumerables violaciones de derechos.”, señaló el diputado Luis Petri durante la reunión.

“Como ya lo venimos advirtiendo desde hace tiempo, a los varados se le estaban vulnerando los derechos elementales y básicos que tienen consagración constitucional y en los tratados internacionales. Se les estaba negando el derecho a ingresar, permanecer y circular por el territorio, sino que producto de esa imposibilidad se veían menoscabados otros derechos, como el derecho a la salud, vivienda, seguridad personal y derechos económicos”, agregó.