La Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja se reunió hoy con Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal de la Seguridad; y Silvia La Ruffa, Subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa del Ministerio de Seguridad de la Nación. Los funcionarios informaron sobre la Resolución 144/2020 de dicho Ministerio, entre otras cuestiones. “Solo respondieron lo que quisieron, no contestaron todo lo que preguntamos, sobre todo en cuestiones centrales como las acciones concretas y las prioridades estratégicas de la resolución 144, o los abusos policiales en las provincias”, afirmaron Alvaro de Lamadrid, vicepresidente de la Comisión, y Luis Petri, al finalizar la reunión.

Gabriel Fuks explicó que la resolución 144 tiene que ver con la actuación policial en fuentes abiertas, también conocido como ciberpatrullaje. Aseguró que la principal virtud de esa resolución fue la derogación de otra resolución, la 31 de 2018, que era de la etapa preparatoria del G-20 por parte del Ministerio de Seguridad. También dijo que la resolución 144 fue construida en un largo proceso de debate con la sociedad civil, y que está siendo construida a través de una comisión asesora que establece un mecanismo público de rendición de cuentas cada 2 meses.

Dijo que esta resolución fue dictada específicamente para la pandemia y dejará de ser operativa cuando el Gobierno determine que esa etapa esté finalizada, plazo que por el momento está establecido en el 12 de marzo de 2021. Aseguró que no necesariamente habría una norma de estas características una vez finalizada la pandemia, y solicitó a los legisladores la redacción de una ley que pueda suplantarla. “Estamos totalmente en contra de la violencia institucional”, aseguró.

Alvaro de Lamadrid, vicepresidente de la Comisión, remarcó que no se puede comprar el control que se debe hacer para el G20, donde vienen presidentes de todo el mundo, con una cuarentena como la existente en nuestro país, donde hay restricciones para circular, están suspendidas libertades individuales, funciona un solo poder del Estado, se gobierna por decreto y donde hay situaciones de abuso de poder y excesos policiales en todo el territorio de la Nación, como los casos de Magalí Morales, Luis Espinoza, Facundo Escalso, Walter Ceferino Nadal, Mauro Coronel, o el reciente caso de la desaparición de Facundo Astudillo Castro.

“Dicen que consultaron a las organizaciones sociales, pero no dicen qué conclusiones dieron las organizaciones. El propio CELS rechazó la resolución 144 y señala que no se trata de prevención sino de inteligencia sobre fuentes abiertas”, agregó Luis Petri, quien también señaló que “es gravísima la resolución. Venimos normalizando desde el 12 de marzo la excepcionalidad, las restricciones a las libertades individuales”. Se habla de un protocolo de prevención del ciberdelito, pero en realidad se trata de un protocolo de inteligencia en el ciberespacio. El objeto respecto de las posibilidades de hacer prevención en el ciberespacio era limitado en la resolución 31 del anterior gobierno, lo que no ocurre en la resolución 144. Por eso 44 millones de argentinos, con la excusa de la pandemia, y de la violación del artículo 205 del Código Penal, podemos ser investigados en tareas de inteligencia por la violación del aislamiento social preventivo y obligatorio”.

“Estamos frente a un Estado que avanza sobre las libertades individuales, que comenzó con el decreto 260, ocho días después con el decreto 297, el aislamiento social, preventivo y obligatorio; y se estableció que quienes lo violasen incurrían en las conductas previstas en el artículo 205 del Código Penal. Con este protocolo blanquean la posibilidad de realizar tareas de inteligencia bajo la posibilidad de que se viole el artículo 205 del Código Penal”, remarcó.

“Estamos pagando las consecuencias de la desidia en materia de seguridad en el país”, afirmó Petri.

“Todo esto es grave y genera preocupación en la sociedad. La propia ministra, sin que nadie siquiera le preguntara, reconoció que se patrullaba el humor social, y la resolución 144 terminó empeorando la situación”, amplió De Lamadrid.

El diputado nacional Carlos Fernández, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara baja, recordó que lo que generó una enorme preocupación fue esa frase de la ministra Frederic, quien dijo que se hacía patrullaje para medir el humor social, y que desató una serie de interrogantes respecto al funcionamiento de una cuestión que afecta las libertades y garantías individuales”.

Fernández también señaló: “Debemos hablar de hechos concretos. Lo que discutimos es cuál es el grado de efectividad que tienen las acciones que se generan a partir de esas responsabilidades, cuál es grado de articulación que existe por ejemplo con el ministerio de seguridad bonaerense, para tener información precisa respecto de lo que sucedió con la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro; cuál es la efectividad concreta que se tiene para no generar el escenario al que estamos asistiendo constantemente de pelea entre el gobierno nacional y el bonaerense particularmente en el área de seguridad; qué grado de articulación existe entre lo que hacen las fuerzas federales y lo que hacen las fuerzas provinciales respecto del ciberpatrullaje”.