La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación comenzó a tratar ayer una serie de iniciativas para atender la crisis en el sector por la suspensión de las clases presenciales a raíz de la pandemia de coronavirus, entre ellos el proyecto que declara la emergencia educativa de Brenda Austin (UCR-Córdoba).

La diputada remarcó la necesidad de avanzar en una propuesta “integral, que contemple a todos los actores del sistema” para dar verdadera respuesta a la situación “crítica” que atraviesa el país.

“Nuestra iniciativa aborda algunos de los aspectos que se señalan en otras propuestas y brego porque podamos convertirlos en ley, pero necesitamos una mirada distinta. Necesitamos incluir además de la detección y acompañamiento de jóvenes en riesgo de abandono escolar un conjunto de medidas orientadas al resto del sistema educativo. Estas acciones también deben ser llevadas adelante de modo impostergable”, destacó Austin respecto a su proyecto, que fue acompañado con las firmas de 21 legisladores de Juntos Por el Cambio.

Al tomar la palabra en la reunión de comisión, Austin afirmó que “los problemas que tenemos son tan graves, tan profundos y estructurales” en la educación argentina, “que requieren la coordinación entre ministerios, entre jurisdicciones y la articulación entre todos los actores del sistema educativo de cara a un mismo objetivo de poner a la educación en el centro de la escena”.

“Espero que la Cámara de Diputados y el Congreso de la Nación estén a la altura de las circunstancias, brindando un paquete de ayuda que sea integral para atender la grave situación que atraviesa el sistema educativo de nuestro país. El modo será con estrategias inteligentes, seguras, atendiendo a la justicia educativa para empezar a programar el retorno a clases para quienes más lo están necesitando”, apuntó la diputada, exsecretaria de Educación de la Ciudad de Córdoba.

Al presentar su iniciativa, Austin destacó que, a seis meses del comienzo de la pandemia, “no puede ser la única solución posible el cierre de las instituciones” y señaló: “Es imprescindible que la declaración de la educación como actividad esencial dote a las jurisdicciones del derecho a decidir los modos de apertura, no sólo para integrar miradas sino también para que quienes hoy tienen competencia en materia educativa, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, puedan diseñar la mejor salida para evitar la crisis que se avecina”.

“Las dificultades para construir un piso mínimo común que garantice un acceso a la educación entendida como un derecho humano en cada rincón de la Argentina son alguna de las razones que nos llevan a pedir la declaración de la emergencia. No busca ser un título pomposo ni provocativo, busca ser un título realista que recoja lo que hoy está pasando a lo largo y ancho del país. Tenemos un problema de abandono, de fracaso escolar y de aprendizajes desiguales al interior de la escuela que van a representar un enorme desafío para las docentes que ya están haciendo un esfuerzo incalculable”, completó.

El proyecto de ley presentado por Austin busca que se declare la “Emergencia del Sistema Educativo Nacional” en todos los niveles y modalidades para los ciclos lectivos 2020 y 2021, y considerar a la educación como “actividad esencial”.

El texto propone crear conjunto de dispositivos de urgencia a través de programas de acompañamiento y asistencia escolar, becas de conectividad, como así también garantizar la accesibilidad digital tanto a estudiantes en riesgo de abandono, como a docentes, a través de instituciones, las escuelas y las Universidades Nacionales. También establece un marco protectorio para llevar alivio a la difícil situación por la que atraviesan los jardines maternales y los transportistas escolares.