La cámara baja dio sanción definitiva a la ratificación del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, celebrado en la ciudad de Escazú, República de Costa Rica, el 4 de mayo de 2018.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y apunta a garantizar los derechos de acceso de las personas en la gobernanza ambiental. El acuerdo fue firmado por nuestro país en marzo del año pasado y busca garantizar el acceso a la información pública ambiental, promover la participación ciudadana en cuestiones ambientales, acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos.

La diputada Brenda Austin, una de las impulsoras de esta iniciativa, remarcó: “Celebro que estemos discutiendo la ratificación de este acuerdo. El primer acuerdo vinculante de la región. Viene a defender los derechos ambientales, en particular lo que tiene que ver con el acceso a la información ambiental, a la participación pública y el acceso a la Justicia en asuntos ambientales. Los tres son pilares esenciales indispensables para fortalecer la gobernanza ambiental. Otro objetivo fundamental es luchar contra la persecución que sufren los defensores ambientales. América latina ostenta el triste récord de haber sido la región del planeta donde en 2019 se produjeron la mayor cantidad de asesinatos de líderes ambientalistas”.

“Para nuestro país significa la responsabilidad de reformar y tomarse en serio todos los marcos normativos con los que contamos”, señaló.

“Escazú se adoptó en 2018 y se abren dos años para la firma de los países. Argentina firmó el mismo día en que se abrió la apertura. Al momento hay 22 países que firmaron pero solo 9 que ratificaron, con lo cual Argentina es el décimo país en hacerlo y quedamos a un paso de que el tratado entre en vigor”, explicó.

“La única perspectiva posible que tenemos por delante es la del desarrollo sostenible y sustentable. Tenemos que abrir los ojos y comenzar a actuar, es tiempo de que sancionemos leyes, que revisemos nuestro marco normativo y lo hagamos cumplir. Escazú es abrir el juego a los asuntos que involucran al ambiente. Escazú es un cambio de paradigma. No tengo dudas que estamos en un momento crucial, hemos entendido que en el mundo hay bienes globales, que estamos en un mundo absolutamente interdependiente y que lo que hacemos en un rincón del planeta impacta inmediatamente en todo el globo”, remarcó.

Luego, Federico Zamarbide destacó la importancia de este acuerdo para América latina y el Caribe, “que implica también valorar el enorme aporte ambiental que hace nuestra región a todo el planeta en medio de una situación crítica que atravesamos a nivel mundial con la pandemia y el cambio climático”.

“El acuerdo representa una confluencia indispensable entre la protección ambiental y los derechos humanos”, amplió. “Según el informe de Greenpeace en el primer semestre de 2020 de este año se desmontaron 38.800 hectáreas de bosques nativos en Argentina. Entre Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco se representan el 80 % de los desmontes del país. Y Esto no se resuelve con la modificación de la Ley de Bosques, el problema es la gestión en esas provincias”, remarcó.

Por su parte, Josefina Mendoza señaló que “Escazú es consenso y no es grieta. Necesitamos más Escazú. En cuestiones ambientales tenemos ejemplos muy claros en Argentina. Por ejemplo la movilización de la sociedad y las organizaciones con respecto al saneamiento de la cuenta Matanza-Riachuelo, y que dio como resultado un fallo favorable de la Justicia en pos de esta política. Escazú viene a institucionalizar esta herramienta”.

“En Argentina tenemos leyes, pero no se cumplen, y nos estamos acostumbrando a que las leyes no se cumplan, lo naturalizamos”, agregó.

Karina Banfi dijo que “con este acuerdo se busca garantizar el uso de las herramientas necesarias para ejercer el derecho ambiental. Herramientas como el acceso a la información pública, la participación ciudadana, y la posibilidad de repeler, de repudiar las acciones de la gestión de Estado o de una empresa en la Justicia”.

Martín Berhongaray remarcó que es fundamental “que podamos coincidir y mostrarle a la sociedad estas coincidencias en cuestiones centrales de política internacional, de reglas que son válidas y ampliamente aceptadas en todo el mundo, y que todos los países deben internalizar”. Y agregó: “Argentina avanzó mucho en estos últimos años en su legislación ambiental, pero nos está faltando contundencia en las gestiones que hacen en la gestión, para cumplir pero también para hacer cumplir lo que está escrito”.

A su vez, Diego Mestre dijo: “el Covid-19 nos mostró cómo el planeta rejuvenece si se interrumpe la agresión cotidiana y de alguna manera se revitaliza a los seres vivos. Pero tarde o temprano volveremos al mismo ritmo de vida y se reanudarán muchos proyectos, algunos de los cuales son violatorios y causan mucho daño al medio ambiente. Cuidar la casa de todos es un trabajo conjunto, entre el Estado, los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las empresas del sector privado. Tenemos la necesidad de cambiar la forma en la cual nos relacionamos con nuestro planeta. Hablamos ni más ni menos que de la supervivencia de la raza humana”.

“El objetivo es claro: garantizar el acceso a la información sobre procesos que contaminan o que potencian el cambio climático”, agregó.

Luis Petri, por su parte, remarcó que “esta aprobación significa mucho para la Argentina y para la región. Y garantiza un piso mínimo de derechos que necesariamente deben respetarse al interior del país, particularmente en las provincias, donde no todos cuentan con la legislación ambiental con los mismos niveles de protección que se encuentran a nivel nacional”.

Gustavo Menna dijo que Argentina tiene un desarrollo legislativo a nivel nacional y también en algunas provincias muy importante en esta materia. Y reivindicó el rol de los constituyentes de 1994, “que insertaron no solo la cláusula ambiental, el artículo 41, sino también el derecho de acceso a la justicia en materia de protección de derechos colectivos, entre ellos el ambiental”.

“El desafío es que sepamos que estamos aprobando un tratado que implica un compromiso de la República Argentina ante la comunidad internacional. A nivel de las provincias hay mucho por hacer. Hoy solo 2 provincias cumplen los estándares en materia de acceso a la información, CABA y Mendoza; hay otros 17 que promedian los distintos indicadores y otras cinco directamente no tienen legislación”, amplió.