En la reunión de ayer de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, su presidenta, Cecilia Moreau, planteó como tema pendiente del cuerpo la situación de los alquileres comerciales, ya que por las restricciones impuestas por la pandemia, la mayoría de la actividad comercial se ve muy reducida. En este sentido los legisladores de la Comisión aprobaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre varias cuestiones relacionadas al registro de operaciones inmobiliarias.

Al tomar la palabra el diputado Luis Petri (UCR – Mendoza) reclamó “a casi 4 meses de comenzada la cuarentena, más que pedidos de informes hay que aprobar leyes concretas. Es importante que el Gobierno de cuenta respecto de la parálisis y la afectación de los comercios producto de la cuarentena. Según las Cámaras que agrupan comerciantes, la recesión en CABA de los contratos ronda un 20 % en el mes de junio, y una morosidad del 15 %. Lo mismo ocurre en Mendoza. La situación es alarmante, y las medidas paliativas que esbozó el Poder Ejecutivo no alcanzan ni llegan a todos los comercios. El 17 de marzo, 5 días después de decretada la ampliación de la Emergencia Sanitaria y 3 días antes del decreto el aislamiento, teniendo en cuenta las dificultades que ya comenzaban a verse, presentamos un proyecto de ley en este sentido”.

“Hay que dar una respuesta a los comerciantes que en muchos casos vieron mermada en un 100 % su operación comercial, mientras mantienen altos costos fijos, en un aislamiento que aún no tiene fecha de finalización. A casi 4 meses del aislamiento parece que el Congreso se queda corto respecto de la magnitud del problema, parece poco y hay que comenzar a trabajar con los proyectos que ya están, porque de lo contrario vamos a llegar tarde. La situación de los comercios en la Argentina es asfixiante y en muchos casos terminal. Un comerciante podría pensar que es una tomada de pelo a esta altura proponer un pedido de informes y no avanzar en una ley al respecto. Es imprescindible que más allá de los pedidos de informes, rápidamente nos aboquemos a dar una solución a todos aquellos que se encuentran en situación de inquilinos en locales comerciales”, agregó.

“En diciembre se sancionaron 9 emergencias, antes de la pandemia, y hoy a mediados de julio se niegan a apoyar la emergencia para el sector turístico. La situación, independientemente de los eventuales alivios que fue dando el Gobierno, hoy se ve que es insuficiente, la situación es grave para muchos sectores”, remarcó Petri.

“En el mismo sentido, la diputada Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) dijo que un pedido de informes a esta altura es al menos extemporáneo. Hoy hay muchísimos sectores de la economía que están frenados, que tienen ingreso cero y que no encuentran respuesta. Un crédito a tasa cero, endeudarse aún más, no es una solución. Deberíamos estar dando soluciones concretas, como evitar que se estén pagando anticipos de ganancias en base a 2019 para empresas que no van a tener prácticamente facturación en este año”.

Posteriormente, los diputados aprobaron un pedido un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones referidas al funcionamiento del Sistema de Gestión de Documentación Electrónica (GDE), relacionado con la publicidad de los actos de gobierno. El proyecto se elaboró en base a tres iniciativas de los diputados de Juntos por el Cambio Karina Banfi, Fernando Iglesias y Carla Piccolomini.

“Por decreto 338 de este año se generó un dispositivo de contingencia del Sistema de Gestión Documental Electrónica, en el marco de la pandemia. Lo que queremos saber con precisión son las causales que derivan en generar un retroceso al sistema de papel en la gestión de expedientes públicos”, señaló Banfi, quien recordó que “el GDE es fundamental para garantizar el acceso a la información, algo que se dificulta muchísimo en casos de expedientes en papel”.

“Los actos públicos tienen que respetar la transparencia, y en el caso del papel dificultan mucho eso”.

El pedido de informes surge a raíz del Decreto 338/2020 publicado en el Boletín Oficial, y tiene como objetivo principal “garantizar la continuidad del ejercicio de la transparencia de los actos públicos”. Por eso mismo, se solicita a la Jefatura de Gabinete de Ministros que se establezcan parámetros claros sobre la aplicación de la figura de “procedimientos de contingencia”, citada en el mencionado decreto para ser utilizada ante “eventuales fallas del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE)”.
“No basta con decir que sos transparente, hay que demostrarlo”, dijo Banfi.

En la reunión de la comisión se aprobó también un proyecto por el cual se instituye el 15 de noviembre de cada año como Día Nacional de la Inclaudicable Reivindicación y Defensa del Mar Argentino, en eterna conmemoración y agradecimiento a los 44 tripulantes del Submarino A.R.A. San Juan; y se incorpora este día a los contenidos curriculares del sistema educativo; otro proyecto por el cual se Institúyase el 7 de marzo de cada año como Día de la Visibilidad Lésbica en todo el territorio nacional. Y otro proyecto, de la diputada nacional Carla Carrizo (UCR – CABA), por el cual se instituye al mes de mayo de cada año como el mes del Síndrome de Williams. Institúyase como tal al mes de mayo de cada año.