Luego de que el presidente Alberto Fernández afirmara que no está buscando impunidad, los diputados nacionales de la UCR cuestionaron duramente sus dichos y rechazaron el avance del Gobierno nacional sobre la Justicia.

“Querer ampliar el número de la Corte, desarmar la Agencia de Protección de Testigos, transferir las escuchas de la Corte a la Procuración, pedir la domiciliaria de condenados por corrupción, hablar de detenidos arbitrarios, es buscar impunidad”, afirmó el diputado nacional Luis Petri (Mendoza).

“La mejor contribución que se le puede hacer a la Justicia es garantizar su independencia, cualquier otra intromisión la acerca al poder hasta hacerla adicta a él, como ya ocurrió en el pasado en el país, no repitamos las malas experiencias de la historia”, agregó el legislador mendocino.

Por su parte el diputado José Cano (Tucumán) aseguró que “los mismos que avalan los superpoderes para el Jefe de Gabinete sin pasar por el Congreso ahora también pretenden otro retroceso institucional enorme: sacarle el control de las escuchas telefónicas a la Corte Suprema”.

En tanto, el legislador Facundo Suárez Lastra (CABA) se refirió a la decisión de prorrogar la Feria Judicial. “Es inadmisible y es directamente denegación de Justicia. Además es una limitación indebida a nuestro sistema institucional cuando más se lo necesita. Los corruptos con procesos abiertos, muy contentos”.

La diputada Roxana Reyes (Santa Cruz) dijo que “no es casual que ambos poderes del Estado estén sin funcionar o con facultades limitadas, Santa Cruz tiene “la maqueta” después se acostumbran a no tener Justicia”.

Por último Martín Berhongaray (La Pampa) señaló que “la ampliación de la Corte no aparece como justificada sino como inconveniente y hasta peligrosa. Toda modificación de la Corte tiene una importancia institucional superlativa e incide sobre el centro mismo del sistema democrático y de la división de poderes”.

“Todas las alarmas institucionales deben estar activadas al respecto. El Presidente ha anunciado la constitución de una comisión de expertos para que lo asesore en la reforma que analizamos. La creación de un órgano de esa clase supone una amplia convocatoria a diversas tendencias académicas y políticas y, sobre todo, un amplio abanico de opiniones a incorporar a un debate técnico”, agregó el legislador pampeano.

“Los nombres hasta ahora conocidos –más allá de la trascendencia académica que quepa reconocerles – no parece apuntar a la conformación de una comisión de amplio espectro capaz de conducir un fértil intercambio de ideas”, concluyó.