Diputados recibieron a periodista que fue condenado en San Luis por publicar un video de una ministra drogada

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La Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja recibió ayer al periodista sanluiseño Diego Masci, a quien hace una semana una jueza de primera instancia del poder judicial de San Luis condenó a pagar 90.000 pesos al considerar que se había violado la privacidad de la ministra de Educación provincial, Natalia Spinuzza, por publicar en un portal un video que ya era viral y en el cual la propia la funcionaria se filmó luego de fumar marihuana.

 “Debemos llamar la atención sobre esto, para que no siga sucediendo. Debemos hacer un pronunciamiento de todo el cuerpo respecto a lo que ha sucedido en San Luis, porque el hecho de que haya una condena a un periodista por informar lo que hace un funcionario público vulnera el derecho de los ciudadanos a saber y es un atentado a la libertad de expresión”, remarcó el diputado nacional puntano Alejandro Cacace.

El periodista Masci recordó a los legisladores lo sucedido: En noviembre de 2017, quien era ministra de Educación de la provincia, en viaje de placer por Europa, en Amsterdam, grabó un video de 6 minutos y lo compartió a un grupo de personas, en el cual contaba que se encuentra drogada y borracha: “Me fumé un churro, me fui a Marte”, dice entre otras cosas en ese video. “Y fumé con unos chicos españoles que cuando vayamos en febrero con el Ministerio iremos a visitarlos”, dijo también. El video lo compartió con un grupo de amigos por whatsapp, y más adelante comenzó a circular por redes sociales. La ministra finalmente renunció luego de que se hiciera público el video, aunque fue nombrada como secretaria de Medio Ambiente.

“Quien estaba diciendo que estaba drogada y borracha era la responsable de impartir las políticas públicas ligadas a la educación a 120.000 chicos en la provincia de San Luis. Era una de las titulares de los dos ministerios que según el Sedronar debe llevar adelante las políticas públicas de lucha contra el alcohol y las drogas, que son los de Salud y Educación”, remarcó Masci.

Masci explicó que el 24 de agosto de 2018, una hora y media antes de que el sitio Zbol –de su propiedad- publicara una nota titulada “Aparece un video con la ministra de educación de Rodríguez Saa aparentemente drogada”, el video ya circulaba por las redes sociales y ya era público y masivo. “Pero a mi me condenan por violación de la privacidad a raíz de la denuncia que presentó en mi contra la funcionaria”, dijo el periodista.

“Necesitamos llegar a la Corte Suprema Justicia de la Nación, porque acá no se trata de Diego Masci sino que hay una grave violación a la libertad de expresión hacia el periodismo y el derecho a recibir información que tienen todos los ciudadanos de la provincia de San Luis. Hacer periodismo en San Luis a partir de esta sentencia es aún más difícil de lo que era antes. Ahora pesa sobre cada periodista de San Luis una posible condena judicial cuando se salgan de la línea que marca el poder”, finalizó.

El diputado Cacace, por su parte, señaló que “lo que sucedió en San Luis no ocurriría en ninguna democracia liberal. Condenar a un periodista por reportar lo que hace un funcionario público no sería sujeto a delito en ninguna parte”.

El diputado Alvaro de Lamadrid, destacó que frente a este caso, junto a otros ocurridos en Formosa, Santiago del Estero o San Juan, el Gobierno propone, entre otras cosas, un proyecto que obliga a los jueces a denunciar supuestas presiones de los medios”.

“El Gobierno debe dar el ejemplo y debe velar para que se cumpla la Constitución Nacional, donde está salvaguardada la libertad de expresión, y no llevar adelante acciones contradictorias de avasallamiento de derechos. La cuarentena no pone en emergencia ni clausura la Constitución Nacional”, agregó de Lamadrid.

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