Juntos por el Cambio pide explicaciones de Horacio Pietragalla en la comisión de Derechos Humanos por abusos de las fuerzas de seguridad
En reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, los diputados de Juntos por el Cambio exigieron la presencia del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, para dar explicaciones sobre la situación de abusos de las fuerzas de seguridad sucedidos en varias provincias en los últimos días. El oficialismo, a través del presidente de la Comisión, Hugo Yasky, se comprometió a convocarlo a la brevedad.
El vicepresidente de la Comisión, Sebastián Salvador, remarcó que “el Estado debe garantizar siempre los derechos humanos, pero en estos tiempos de excepcionalidad que estamos viviendo suelen aumentar las arbitrariedades, la discrecionalidad y la violencia en diversos sectores. Durante la vigente pandemia hemos visto que ocurrieron episodios en relación a la actuación de la policía en algunas provincias que nos preocupan mucho. Lo hemos visto en el caso de Luis Espinosa en Tucumán, de Franco Maranguello en Villa Mercedes, San Luis, o en el caso de Magalí Morales también en San Luis. Estas son algunas de las situaciones que requieren de la concurrencia del secretario de Derechos Humanos a esta comisión”.
Luego, el diputado Alejandro Cacace, de la provincia de San Luis, remarcó que “debemos ocuparnos de los hechos graves que ha habido de violación de los derechos humanos por parte de los gobiernos locales sin mirar a qué partido gobierna o qué persona lo hace en cada lugar. Nos referimos a dos hechos graves acontecidos en San Luis, tanto el caso de Magalí Morales como el de Franco Maranguello”.
“En San Luis desde el comienzo de la cuarentena se implementó una política de establecer salidas en cuarentena según el número de DNI. Todo lo mal que hizo Magalí Morales en Santa Rosa del Polara fue salir el día equivocado, y por eso la arrestaron y muere en circunstancias sospechosas. En el segundo caso, Franco Maranguello también fue detenido por no portar el DNI. Esas son las infracciones que cometieron, y que llevaron a que murieran en las comisarías”, amplió.
A su vez, Carla Carrizo señaló que hay una preocupación compartida de lo que es la violencia institucional en democracia y tenemos casos que se dan en el marco del distanciamiento obligatorio. NO es solamente una preocupación provincial sino que tiene que ver con una cuestión nacional. Hay varios proyectos con estado parlamentario, porque hay una preocupación en un tema sobre el cual hay que estar muy atentos en democracia. Y se debe establecer un esquema de programa colaborativo entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, porque una de las funciones de la Secretaría de Derechos Humanos es presidir el Consejo Federal de Derechos humanos para coordinar las políticas de Derechos Humanos en todas las provincias. Por eso hay que establecer una agenda de trabajo coordinado.
Luego, la diputada nacional Brenda Austin lamentó que en esta reunión informativa no estuviera presente el secretario de Derechos Humanos, como sucedió en la gran mayoría de las otras reuniones informativas que se vienen sucediendo. “Tenemos que evitar tener una mirada selectiva cuando hablamos de la protección de los derechos humanos”, agregó.
Y detalló algunas de estas situaciones de abusos de las fuerzas de seguridad durante la cuarentena, sucedidos en la Pampa, en San Luis, Tucumán, en CABA de parte de la Gendarmería Nacional; en La Matanza con la Policía Bonaerense; en Chubut, Avellaneda; en Alta Gracia, Córdoba; Neuquén; Mendoza, Bahía Blanca; Misiones; Junín y Santiago del Estero. “Un conjunto de denuncias que vienen realizando los organismos de derechos humanos y que merecen toda la atención de esta Comisión por la situación de anormalidad que vivimos en torno a las violaciones de derechos humanos en la pandemia y el rol de las fuerzas de seguridad en el cumplimiento de estas medidas”, señaló.
Karina Banfi insistió en “que hubiésemos querido que estuvieran las autoridades nacionales en esta comisión, como sucedió en otras comisiones”.
“La pandemia no prohíbe el ejercicio de los derechos humanos, sino que los debe potenciarlos. Y quienes tienen la obligación y el deber de liderar la gestión de la pandemia lo tienen que hacer con la Constitución debajo del brazo”, dijo.