El Presidente debería retirar el proyecto de ley de reforma judicial y comenzar de cero en la búsqueda del consenso, elegir entre todos qué se quiere reformar de la Justicia -en el marco de ese consenso- y después ver cuándo se envía el nuevo proyecto al Congreso”, planteó Mario Negri, el presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio.

Negri salió a responder al oficialismo legislativo, que acusó a Juntos por el Cambio de querer paralizar el Congreso. 

“Nosotros no estamos en contra de que el Congreso trabaje, lo hemos estado haciendo, lo seguiremos haciendo. Creemos que hay que ir recobrando la normalidad, con los protocolos de sesión que corresponden, que se vayan adaptando”, explicó Negri.

Y agregó: “Creemos que los temas de trascendencia institucional, que son estructurales, que son de largo debate, que pueden tener muchos dictámenes de minoría, que significan discusiones, polémicas y votaciones divididas, hay evitar tratarlos en sesiones remotas. Todos los Parlamentos que se han puesto de ejemplo para lo único que sesionan es para votar leyes de consenso vinculadas al coronavirus”.

“No somos es un grupo de diputados al que retan desde el oficialismo para que vayan a sesionar y a hacer lo que ellos quieren. Eso no. Para eso estamos en democracia, para eso la gente votó de una forma o de otra. Recuerden que cuando nosotros mandamos una ley compleja casi nos tiran abajo el Congreso aquellos que ahora dicen que no podemos plantear que temas importantes se discutan de otro modo. ¡No es cierto que estemos planteando sesionar en un hospital o llevar el virus y repartirlo en las bancas!”, añadió Negri para responder las acusaciones del oficialismo legislativo.

Críticas al proyecto del Ejecutivo

“Cuando se va a reformar un poder de la democracia no se lo modifica sólo para la conveniencia del Gobierno. Se reforma para varias generaciones, porque la gente va a seguir votando”, lanzó Negri. “Además, lo que vemos es falta de sentido de oportunidad. Tenemos que poner la energía para ver cómo salimos de la pandemia, que no sabemos cuándo termina. Sabemos que el PBI va a caer diez puntos y se habla de una reforma judicial que va a costar 3.000 o 4.000 millones de pesos, casi como si fuera a comprar caramelos”.

“Estamos yendo a la aplicación del sistema acusatorio en todo el país, con el Código Procesal Penal. Esto exige más fiscales, no más jueces. Y vemos que la propuesta del Gobierno es designar 300 jueces más, cuando además retiró los pliegos de 200 del Senado hace ocho meses y no los volvió a enviar”.

“Esto nació nonato, mal, porque una reforma judicial de esta magnitud precisa consenso. Observamos que la agenda privada de la Vicepresidenta, por sus problemas con la Justicia, pasó a ser la agenda pública del Gobierno. Esto es sólo una reforma penal, que nada beneficiará al ciudadano de a pie, por eso la gente sospecha”, finalizó el jefe de Juntos por el Cambio en Diputados.