La diputada nacional Roxana Reyes, presidente de la Comisión de Familia de la Cámara baja, junto a la diputada nacional Graciela Ocaña, pidieron al Gobierno que informe si relanzó el polémico plan Qunita en la provincia de Santa Cruz, que fue suspendido en 2016 por contener elementos peligrosos para la salud.

Reyes y Ocaña solicitaron se informe “en virtud de manifestaciones realizados en medios de comunicación de la provincia de Santa Cruz de las cuales surge la reactivación o relanzamiento del plan Qunita”.

“El 1° de junio de 2020, distintos medios de comunicación reconocidos de la provincia de Santa Cruz emitieron una nota titulada ‘El municipio articula la entrega del relanzado plan Qunita’ o ‘Se lanzó el ‘Plan Qunita’, poniendo de manifiesto el relanzamiento del mismo”, advirtieron las legisladoras.

Ocaña denunció penalmente en 2015 la licitación del plan Quinita por 900 millones de pesos con grandes repercusiones en el ámbito judicial, tanto por investigaciones concernientes a la peligrosidad de ciertos productos que integraban el kit, como por las que investigaban la existencia de sobreprecios, razón por la cual se imputó al exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández y a los actuales ministro y vice de Salud bonaerense, Daniel Gollán y Nicolás Kreplak, respectivamente.

Las diputadas coincidieron en que “esos kits, independientemente de si fuesen o no los mismos que se entregaban en 2015, ameritan contar con la aprobación de los expertos luego de ser sometidos a rigurosos análisis de calidad y seguridad”, y agregaron que “así como para el caso de la pandemia causada por el COVID-19 escuchamos a los expertos en salud y tomamos las medidas que aquellos juzgan pertinentes, en este caso debe ocurrir exactamente lo mismo ya que de no ser así son susceptibles de poner en riesgo la vida de las personas”.

Asimismo, indicaron que “los defectos y deficiencias que presentaban estos productos ponen en riesgo las vidas de las personas a las que pretenden beneficiar por lo que es de suma urgencia que se determine si los mismos han sido subsanados o, por el contrario, son los mismos kits que, almacenados en depósitos desde la suspensión del plan, fueron recogidos y nuevamente entregados desatendiendo los análisis de seguridad preexistentes”.

Además preguntan si “los kits que actualmente se están distribuyendo fueren los mismos que años atrás habían sido sometidos a análisis debemos conocer si, entre otros, el porta enfant, que era considerado peligroso, fue extraído y todo lo que pueda ser mercadería vencida como por ejemplo las cremas que integraban el mismo”.

El 14 de septiembre de 2016 el juez que entendía en la causa ordenó destruir 60 mil cunas del plan “Qunita” por considerarlas inseguras, medida que encontró justificada atendiendo al informe elaborado por el INTI y en virtud del cual expreso que “las cunas y sacos de dormir resultan riesgosos para la salud de acuerdo a dictámenes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y a informe de la Sociedad Argentina de Pediatría”.

Dicho Plan fue lanzado con la intención de evitar muertes de recién nacidos producto del colecho y así brindarles ayudas a las familias que lo necesitaran para que los recién nacidos tengan un lugar en su hogar donde descansar.

Sin embargo, los sobreprecios en la compra de los productos y la pésima calidad de los materiales que fueron entregados envolvió de corrupción la licitación.

Acompañan esta iniciativa los diputados Lorena Matzen, Gustavo Menna, Carmen Polledo, Estela Regidor, Pablo Torelo, Luis Pastori, Aída Ayala, Federico Zamarbide, Alfredo Schiavoni, Alberto Aseff, Jorge Enríquez, Alicia Terada y José Riccardo.