Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) presentaron un proyecto por el cual solicitan al Poder Ejecutivo que, a través de los Ministerios de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos, informe sobre las medidas ejecutadas para la protección de testigos, testigos protegidos, imputados arrepentidos y en especial por la situación del Sr. Fabián Gutiérrez, determinando si existía información respecto de su residencia habitual, su traslado hacia la localidad de El Calafate y si el nombrado poseía algún tipo de protección.

A través del decreto 168/2020 el Poder Ejecutivo Nacional derogó el Decreto 795/19 del 28 de noviembre de 2019, el cual creaba la Agencia de Protección de Testigos. Dicho ente autárquico tenía la responsabilidad de resguardar la seguridad de los llamados “arrepentidos” en causas judiciales. De esta manera, el decreto 795/19 buscaba evitar que, en los casos de corrupción que involucrasen a autoridades políticas, sea el mismo poder político denunciado quien brinde protección a aquellas personas que pudiesen aportar pruebas en su contra sumándole a ello la imposibilidad de desalentar ese tipo de testimonios”, recordó Roxana Reyes al fundamentar el proyecto.

“Entendemos que todos los ilícitos deben ser denunciados y condenados con claridad, sean estos de origen institucional, perpetrados por desconocidos o abusos domésticos, tengan motivación de género, de inclinación sexual, finalidad política o sean delitos comunes o estén destinados, a testigos en causas de alta relevancia institucional o a la ciudadanía en general”, agregó.

Acompañan el pedido de informes los diputados/as: Mario Negri, Alfredo Cornejo, Gustavo Menna. Lorena Matzen, Jorge Vara, Gabriela Lena, Juan Martin Musachio, Luis Pastori, Diego Mestre, Ximena Garcia, Sebastian Salvacor, Lidia Ascarate, Mario Arce, Dolores Martinez, Estela Regidor y Karina Banfi, Gonzalo del Cerro, Graciela Ocaña, Omar De Marchi y Tito Stefani.