Las diputadas nacionales Graciela Ocaña y Roxana Reyes presentaron un proyecto por el que expresan preocupación por la exclusión de adultas mayores que perciben una jubilación y/o pensión, del Programa ACOMPAÑAR.

El Decreto 734/2020, crea el Programa de apoyo y acompañamiento a personas en situación de riesgo por violencia por motivos de género -ACOMPAÑAR-, que prevé una prestación económica a las víctimas, para gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo, y sería incompatible al percibir una jubilación y/o pensión.

“El Programa ACOMPAÑAR es muy valioso e indispensable para aquellas mujeres y personas que padecen violencia, para contar con la ayuda y el acompañamiento del Estado para poder sobrellevar la situación que padecen, y crear su plan de vida autónomo alejado de las situaciones vividas en el pasado. Pero la norma ha omitido amparar a un grupo especialmente vulnerable si hablamos de violencia de género, en especial de carácter doméstico, como son las mujeres adultas mayores”, señalan las legisladoras.

Las mujeres mayores son un colectivo que padece una doble vulnerabilidad, por su condición de género y su condición etaria, que las coloca en una posición de gran indefensión y desventaja.

Los maltratos a las mujeres mayores se suelen dar en el núcleo familiar, y dada su condición de género y etaria, los familiares muchas veces cometen abusos y violencias que pueden ir desde el no respeto por sus bienes, su dinero, sus intenciones o la sobre carga en las tareas de cuidado, en especial de los/as niños/as de la familia o de otros familiares enfermos o con dificultades.

La violencia de género en las mujeres mayores existe y el Estado debe trabajar también para erradicarla, acompañando y empoderando a estas mujeres, para que puedan tener la misma oportunidad que las mujeres más jóvenes, de continuar su vida sin padecer estos flagelos.

Ocaña y Reyes entienden “que la prestación económica otorgada por el Programa ACOMPAÑAR es compatible con asignaciones como la AUH, también lo debe ser en el caso de las jubilaciones y las pensiones por vejez, ya que basta con observar cuanto es el monto de la jubilación mínima, para darse cuenta de que dicho importe no es para nada suficiente, para una mujer que quiera rehacer su vida lejos de la violencia”.

Destacaron las diputadas “que la mayor parte del universo de mujeres mayores que habitan el territorio argentino, son beneficiarias de una jubilación y/o una pensión, con lo cual es evidente que, al establecer la incompatibilidad con este tipo de prestaciones, la norma adoptada por el Poder Ejecutivo deja desamparadas a la mayor parte de las mujeres que integran ese grupo etario”.

“De allí nuestra preocupación, e instamos a las autoridades del Poder Ejecutivo a corregir dicha omisión, garantizado íntegramente los derechos humanos de las mujeres mayores, y en especial el derecho a una vida libre de violencias”, concluyeron Ocaña y Reyes.