Preocupación ante la restricción y criminalización del derecho constitucional de protesta

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“Con mucha preocupación hemos visto que escudados bajo un cumplimiento estricto y formal del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, criminalizan y restringen el derecho constitucional a la protesta pacífica, a través de las detenciones e imputaciones producidas en la ciudad de Córdoba a participantes de la manifestaciones públicas realizadas por abogados del Colegio de Abogados de la Provincia, la Red de Comerciantes Unidos de Córdoba, la Unión Tranviarios Automotor de Córdoba (UTA), y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM)”, afirmó hoy la diputada nacional Soledad Carrizo (UCR – Córdoba).


“Presentamos un proyecto para resaltar que el Covid19 no debe transformarse en una herramienta y un justificativo desde el cual las autoridades públicas condicionen, restrinjan y mucho menos criminalicen otros derechos constitucionales”, amplió la diputada.


“Queda claro que dos extremos constitucionales entran en tensión: el derecho fundamental a protestar frente al derecho a la salud (traducida en el poder de policía reglamentario en materia sanitaria que prohíbe la circulación). Desde este paradigma de concesión de uno frente al otro por el cual se sanciona al ciudadano que protesta, se produce en realidad el vaciamiento total del contenido del derecho de libertad de expresión”, dijo.


“Conscientes de que ningún derecho es absoluto y por el contrario, deben ejercerse en conformidad a las leyes que reglamentan su servicio y con una visión integral y social, consideramos que limitar y restringir el derecho de protesta a través de una aplicación rigurosa del aislamiento social, no sólo termina viciando el verdadero espíritu de esta medida preventiva sino que nos aleja de una convivencia democrática”, concluyó Carrizo.

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