Se aprobó hoy en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados el proyecto de Régimen Legal del Contrato del Teletrabajo. Se alcanzó un amplio consenso para arribar a un texto de mayoría, aunque hubo disidencias parciales presentadas por los diputados de Juntos por el Cambio. La norma, de ser aprobada por ambas cámaras, entrará en vigencia 90 días después del levantamiento del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Se señala que los empleados gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan mediante la modalidad presencial, y su remuneración no podrá ser inferior.

Mediante el proyecto se establecen los presupuestos legales mínimos para la regulación de la modalidad del teletrabajo para aquellas actividades que por su naturaleza y particularidades lo permitan. Los aspectos específicos se establecerán en el marco de las negociaciones colectivas. Se considera teletrabajo la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios que sean efectuados total o parcialmente en el domicilio del trabajador o en lugares distintos al establecimiento del empleador, mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación.

La jornada laboral debe ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con la legislación vigente. El empleador deberá proporcionar el equipamiento -hardware y software-, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas, y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las mismas, o la compensación por la utilización de herramientas propias de la persona que trabaja. La compensación operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva.

El diputado Albor Cantard, vicepresidente de la Comisión, remarcó el esfuerzo hecho para alcanzar los máximos niveles de consenso, “sobre todo cuando partíamos de una situación tan especial. No es casualidad que llevamos más de 13 años desde los primeros proyectos presentados, y que se termina aprobando ahora en esta situación tan particular como es la pandemia por el Covid-19”.

“Los ejes centrales que guiaron esta buena voluntad manifestada por los legisladores de la comisión se basa en que tenemos la claridad de que a través de esta ley se busca facilitar la creación de trabajo en un momento especial, donde particularmente la Argentina viene padeciendo el drama de la desocupación. Y por otro lado, el objetivo de esta norma está dada por garantizar un piso de derecho a los trabajadores. Esto se vio reflejado en el articulado del dictamen, relacionado al tema de que se trata de una modalidad, que necesariamente necesita de un acuerdo de partes, que se garantice la desconexión y la intimidad, la reversibilidad. También el hecho de tener en claro que es una ley marco, regulatoria, que deja en manos de la negociación específica que atañe a cada una de las actividades. También se tuvo en cuenta un pedido razonable para que la ley entre en vigencia 90 días después del levantamiento del aislamiento social preventivo”.

“Esta es una modalidad que lejos de poner en peligro y generar precariedad puede no solo salvaguardar este tipo de cuestiones, sino que además puede ayudar mucho a la necesidad de generar empleo y dar trabajo. Hubiese sido importante que se contemplara alguna normativa vinculada a la promoción e incentivo para esta modalidad, especialmente en lo relativo a las pequeñas y medianas empresas, por eso planteamos en este punto una de nuestras disidencias”, agregó Cantard.

Luis Petri, autor de una de las iniciativas que dieron origen al dictamen, celebró que se consagren presupuestos mínimos para esta modalidad. “El temor a la precarización que muchos sindicatos expusieron tienen que ver con la ausencia de regulaciones. Esta modalidad de contratación requería de normas específicas, y es importante que se vea plasmado la voluntariedad, reversibilidad, compensación, desconexión, la cobertura de los riesgos de trabajo. Es un avance y el mejor antídoto que podemos dar para garantizar que no exista precarización, y que muchos trabajadores puedan incorporarse al mundo del trabajo a partir del teletrabajo”, dijo.

Por su parte, la diputada Dolores Martínez, autora de otra de las iniciativas sobre las que se trabajó, remarcó que “el teletrabajo, que aparece hoy como una consecuencia no deseada Debemos entenderlo como una oportunidad de generar nuevos puestos de trabajo, que asimismo puede ayudar a bajar la informalidad laboral y la siniestralidad. Y por lo tanto debemos derribar los miedos que genera en los distintos sectores, los trabajadores, los representantes gremiales y a los empresarios, particularmente a las Pymes, que están pasando por una situación muy particular”.

Asimismo, Martínez lamentó la ausencia en este proyecto de herramientas para la promoción y el incentivo de esta modalidad. “Debemos tener una mirada de largo plazo, y el Estado debería involucrarse en este sentido, generando por ejemplo incentivos fiscales”, dijo.