Se aprobó en la Cámara de Diputados una modificación a la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento, que busca incentivar la actividad de empresas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información. Se contemplan reducciones en las alícuotas del Impuesto a las Ganancias y las contribuciones patronales. Comprende a muchos sectores, como por ejemplo los referidos a procesos de digitalización, ciencias de datos, plataformas digitales, comercio digital, dinero electrónico, teletrabajo, telecomunicaciones, robótica, servicios informáticos, nanotecnología, nanociencia o tecnología espacial, entre otros. El dictamen obtuvo 246 votos afirmativos y 2 negativos.

Uno de los objetivos que se persiguen es duplicar los puestos de trabajo en 10 años. Hoy hay alrededor de 500 mil puestos de trabajo de calidad entre empleo directo e indirecto vinculado al sector, y el objetivo es llegar a 1 millón de puestos de trabajo para 2030.

Al fundamentar la iniciativa votada, la diputada radical Karina Banfi, vicepresidenta de la Comisión de Comunicaciones e Informática, recordó que el 22 de mayo pasado se cumplió un año de que se aprobara por unanimidad la Ley de Economía del Conocimiento en el Senado nacional. “Para nuestro gobierno este tipo de empresas son parte de la cultura trabajo del futuro que queremos fomentar, con incentivos que permitan el desarrollo del personal calificado a través del mérito y que potencia el federalismo que la ley tiene. Una persona que está en Tilcara puede trabajar en una empresa que está en Buenos Aires solo con contar conexión a internet. Pero si no generamos políticas de inversión o beneficios impositivos, esa misma persona podría trabajar en Costa Rica o en Brasil sin moverse de su casa. La ley que votamos hace un año apuntaba a generar empleo local”.

“Durante 2018 se registraron exportaciones por 6.200 millones de dólares. El potencial que tiene este sector es incomparable. Pero quedó todo trunco con la votación de la ley de emergencia económica de diciembre. Quedó inactiva la ley Economía del Conocimiento y se venció el plazo de la ley de promoción del software, por lo que el sector se quedó sin nada. Lo advertimos, y el Gobierno lo comprendió y por eso aceptó muchos de nuestros planteos”, remarcó.

“Desde Juntos por el Cambio aportamos, entre otras cosas, mantener el autodesarrollo más allá del producto final de la industria; logramos limitar la discrecionalidad del Concejo Consultivo a cambio de que sea operativo y no aumente la burocratización; mejoras en los beneficios tributarios en impuesto a las ganancias y contribuciones patronales; logramos flexibilizar los requisitos en el marco de la pandemia porque es necesario que se ponga activa de manera urgente esta ley; logramos el escalonamiento de los porcentajes por tamaño de la empresa”, amplió.

“Cada vez que nos convoquen a fomentar la inversión y el desarrollo nos van a ver a todos juntos. Pero si la idea es promover empresas para después quedarse con ellas e insistir con expropiaciones, o usar al Congreso para legitimar arbitrariedades, nos van a encontrar en las calles manifestándonos en contra”, finalizó.

Por su parte, Luis Pastori señalo que “la iniciativa busca reemplazar en parte la ley que por una torpeza política, a mediados de enero de este año, una simple resolución ministerial la suspendió bajo el difuso argumento de revisar y adaptar la operatividad y previsiones. Si bien el nuevo proyecto mantiene ciertos beneficios impositivos, implica un retroceso sobre el espíritu de la ley anterior en cuanto a los beneficios fiscales, que es la parte sustantiva de un régimen de promoción económico. Se quitó uno de los principales artículos de la ley, que tiene que ver con la seguridad jurídica, que era la cláusula de la estabilidad fiscal”.

Luego, el diputado Hugo Romero remarcó que con esta iniciativa damos certeza y generamos competitividad para fortalecer el desarrollo de esta industria, que representa una parte importante de la economía argentina, en el ingreso de divisas y en la generación de empleo. Y es importante el desarrollo de esta industria porque genera la posibilidad de trabajar internamente en incorporar ciencia y tecnología a nuestra producción, que es lo que nos hace falta para agregar valor y generar trabajo, y competitividad hacia el exterior”.

En este sentido, Romero convocó a tratar de generar todos los incentivos necesarios para la inversión privada y pública, garantizar la conectividad en todo el país, y fortalecer los programas de educación, para fortalecer la capacitación.

Fabio Quetglas, por su parte, señaló que este es un régimen de promoción de las empresas de las economías del conocimiento, porque lo que transforma en bienes y servicios útiles el conocimiento es la empresa. Si no hay empresa el conocimiento no se transforma en bienes y servicios útiles automáticamente. La empresa es la que permite poner en el mercado ese conocimiento transformado en bienes y servicios útiles. Y se preguntó por qué no hay regímenes especiales también para el turismo, la construcción o la agroindustria. Sabemos que dando estabilidad de reglas de juego y un tratamiento razonable las empresas en Argentina prosperan”.

Quetglas recordó que este tipo de empresas son empresas del mérito, no hay una aristocracia del software, no hay una aristocracia biotecnológica”. En este sentido enfatizó la necesidad de pensar en una Argentina “emprendedora, innovadora y del mérito

Emiliano Yacobitti dijo que “la ciudad de Buenos Aires produce el 20 % del PBI nacional y que esta industria representa el 70 % de la producción de la ciudad. Y este es un ejemplo más de que la Argentina funciona bien cuando funcionamos juntos. La economía del Conocimiento es en la Argentina la segunda o tercera economía en nuestro país en cuanto a la pujanza que tiene. Con estas políticas a la Argentina le fue bien. Y hay 54 millones de puestos de trabajo vacantes en el mundo vinculados a las empresas de la tecnología del conocimiento”.

“Esta es una ley que tiene por objetivo fortalecer y empujar el emprendedurismo en la Argentina, la generación de talentos”, agregó.

Por último, el diputado Jorge Vara dijo que si se cumplen los objetivos perseguidos en la ley, esta se paga sola, no hay ningún costo fiscal para el Estado. “Se renuncia a ingresos fiscales pero se generan otros ingresos que lo compensarán de manera holgada. Y no solamente se generan puestos de trabajos, sino que se generan oportunidades para el cuentapropismo, pero para eso hay que generar las condiciones mínimas para que puedan ser exitosos”.