La Cámara de Diputados aprobó hoy el proyecto de ampliación del presupuesto 2020. El oficialismo aceptó varias modificaciones al proyecto que había obtenido dictamen de mayoría en comisión. Se contempla un incremento de 1,9 billones de pesos, equivalente a un 6,5 % del PBI; y un déficit de 3 billones de pesos, equivalente a 42.000 millones de dólares.  

Juntos por el Cambio se opuso en el artículo 7, entre otros. Este es el que autoriza a licitar títulos públicos en moneda extranjera a suscribir con otros títulos emitidos en pesos, lo que en la práctica significa una dolarización de deuda. Además se autoriza a tomarlos a valor técnico y no a valor de mercado, sin ajustarse a lo que dispone la Ley de Administración Financiera. El oficialismo logró aprobarlo por 4 votos (129 votos afirmativos a 125 negativos).

Juntos por el cambio también pidió un aumento en los fondos para universidades.

Una de las modificaciones aceptadas por el oficialismo es la de eliminar el artículo que contemplaba un IVA del 10,5 % a la leche, tal como figuraba en la propuesta del oficialismo.  Otra modificación aceptada tiene que ver con la necesidad de un incremento en los subsidios al transporte público de pasajeros, para lo cual se crea un Fondo de compensación con 10.500 millones de pesos, a transferir a las provincias y municipios.  También se aceptó que los fondos adicionales que se girarán a las universidades sean distribuidos conforme a la proporción establecida por la ley 27467, aunque son inferiores en monto a lo que propone Juntos por el Cambio. Por un reclamo de Juntos por el Cambio también se determinó que el manejo de los fondos de Aerolíneas Argentinas estará bajo el control de la Auditoría General de la Nación (AGN), lo que no quedaba claro en la redacción original del dictamen del oficialismo.

El diputado Luis Pastori señaló que uno de los temas en los que más insiste Juntos por el Cambio es el de las asignaciones a las universidades nacionales, ya que se asignaba un monto global sin distribución por universidad, generando una gran incertidumbre. Debe asignarse esas transferencias a cada una de las universidades nacionales según la proporción establecida por ley para el sistema universitario.

Pastori también cuestión que se pretendiera dejar a Aerolíneas Argentinas del control de la Auditoría General de la Nación, “lo cual nos parece una barbaridad. Esto había sido restituído por el gobierno de Cambiemos. Es mucho dinero el que va a estas empresas de parte del Estado en forma de subsidios como para que queden fuera del control de la Auditoría”.

El diputado José Luis Riccardo se refirió a las preocupaciones de las universidades nacionales y celebró que el oficialismo reconociera este reclamo. Y recordó que al tratarse el proyecto en comisión “observamos que el gobierno elevaba un crédito total de poco más de 196.000 millones de pesos sin discriminar entre las universidades nacionales, con lo cual para contribuir a la calidad institucional debería ser distribuido segur corresponde por ley y no transferir a la jefatura de Gabinete las facultades que tiene el Congreso de asignarles a las instituciones autónomas los recursos para funcionar”. También recordó que mediante un proyecto de ley Juntos por el Cambio proponía que el fondo asignado al sistema universitario fuera de 216.000 millones de pesos, según lo reclamado por el Consejo Interuniversitario Nacional.

Luego Víctor Hugo Romero expresó su preocupación por llegar a un déficit de 3 billones de pesos, “que será el desafío para la Argentina, con un programa monetario para llegar a una solución a este tema. Ya tenemos un anticipo que es el acuerdo por la deuda”. “Y la caída de actividad económica generó que los ingresos hayan disminuido considerablemente. En promedio del total de las provincias un 71 % de los recursos está representado por la coparticipación nacional”, agregó.

Romero también celebró la constitución del programa de emergencia y asistencia a las provincias, “que originariamente fueron de 120.000 millones, que ahora se incluye con 50.000 millones de pesos más. Pero sería bueno que en el artículo 11 se definiera un criterio federal a través de los índices de coparticipación para dar certeza a los gobiernos provinciales”.

También solicitó que se incorpore un fondo de emergencia municipal, “dando mayores recursos a los municipios. Son muy pocas las provincias que han distribuido a los municipios los fondos que les envió el Gobierno nacional”.

El diputado José Cano, presidente de la Comisión de Transporte destacó que es importante que sea el Congreso el que está tratando esta ampliación presupuestaria y que no se haya hecho por DNU, “algo que debería ser normal”. Y remarcó que se hayan tenido en cuenta reclamos realizados por Juntos por el Cambio, “aunque seguramente las universidades requerirían una nueva ampliación presupuestaria”.

Y señaló que “la situación del transporte público en el país tiene profundas asimetrías. Por eso nos parece importante el planteo del fondo de 10.500 millones de pesos, que entendemos que debería ser como mínimo de 13.000 millones, pero al menos es algo ya que no se contemplaba este fondo en la propuesta oficial”.

“El Gobierno habla de pesificar la deuda, pero en el Presupuesto que estamos tratando le permite a fondos externos canjear sus títulos en pesos por nuevos títulos en dólares”, señaló Alejandro Cacace, quien también se refirió al tema de Aerolíneas Argentinas, y criticó que el proyecto señalara que “no le va a ser aplicable la legislación sobre el control de las empresas que tienen participación del Estado.  Lo mismo se incluyó en la ley de expropiación de YPF y en ese momento el entonces presidente de la AGN, Leandro Despouy, quien señaló en su momento que se quería vaciar del control sobre la petrolera estatal. También se buscó hacer lo mismo con Aerolíneas Argentinas a partir de la sanción del presupuesto para 2016, pero por la ley de presupuesto para el año siguiente que se reincorporó a la órbita del control de la AGN a Aerolíneas. Se quiere incluir una cláusula que es inconstitucional. En este semestre ya hubo una ampliación presupuestaria por 15.000 millones de pesos. Sobre los balances de la empresa debe actuar la AGN”.

Alvaro de Lamadrid recordó que desde diciembre venimos reclamando la presentación de un Presupuesto, pero el Gobierno optó por la emergencia y las facultades extraordinarias para el Jefe de Gabinete, dándole la facultad de reasignar partidas. Hoy estamos tratando la demostración de que no teníamos presupuesto y que teníamos razón, por eso estamos votando a las apuradas una ampliación presupuestaria. Estamos frente a un nivel de emisión y de déficit fiscal temerarios. También dijo que en este proyecto “se refuerza el centralismo, se menoscaba el presupuesto universitario, se afianza la discrecionalidad y se la consuma”.

Lidia Ascárate, por su parte, se refirió también a la situación de las universidades: “El presupuesto es un eje rector, que tiene que ver con la previsibilidad, con la calidad de la asignación y posterior distribución presupuestaria, con los mecanismos que aseguren la transparencia en el uso de los fondos públicos. Tiene que ver que con las universidades que se dicen gratuitas no son gratuitas, porque se pagan con nuestros impuestos. El Presupuesto para la educación no puede tener techo, porque es la única posibilidad de generar el cambio y el desarrollo de nuestro país”.

Jorge Vara destacó también la importancia de la universidad en la movilidad social desde la reforma de 1918. “Nos preocupan los recursos de las universidades, sobre todo por la manera en la cual se distribuyen esos fondos, con lo cual celebramos que se hayan aceptado los reclamos de Juntos por el Cambio en el sentido de distribuirlos según se estipula en la ley 27467”. También reclamó que la provincia de Corrientes es constantemente discriminada en el reparto de fondos, como sucede con los préstamos y ATN. “Hay recursos que son de las provincias, no de la Nación, que ya deberían haberse distribuido. Las provincias estamos al límite del presupuesto. No se coparticipa la emisión monetaria, la distribución de utilidades del Banco Central y las retenciones a exportaciones”, señaló.

A su vez, Fabio Quetglas explicó Argentina necesita recuperar una cultura presupuestaria, “que haga que el debate del Presupuesto en el Parlamento sea un debate sobre las finalidades del Estado y que cuanto menor sea la discrecionalidad que luego tenga el Ejecutivo para ejecutar esos gastos más ennoblece el debate presupuestario. Debemos bajar los niveles de discrecionalidad. Este año el PBI caerá drásticamente, y evidentemente somos más pobres que el año pasado, y como tal debemos planificar nuestro foco de una manera más ajustada. Debemos cuidar nuestro tejido económico, que no solo significa atravesar esta recesión presente sino prever de un horizonte. No vivimos en emergencia solo por factores externos sino porque no asumimos con responsabilidad el ejercicio de establecer prioridades”.

Emiliano Yacobitti dijo que “estamos trabajando, intentando ayudar al gobierno a gestionar una crisis, sanitaria, económica y social que se hace cada día más difícil. “Hace varios meses presentamos un pedido de informes destacando la gravedad en la cual podíamos caer si no actualizábamos los gastos de funcionamiento de las universidades. Tenemos que darle una herramienta política que no le estamos dando al Ministerio de Educación, porque este presupuesto tiene un ajuste en los gastos de funcionamiento de casi el 80 % para todo el sistema de universidades públicas. No podemos no dotar al Poder Ejecutivo de esta herramienta”.