La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR Córdoba), presente en la sesión de Diputados por el Presupuesto 2021, argumentó su voto negativo y señaló que el camino correcto es el acuerdo, “pero no podemos acompañar una ley de presupuesto que no ofrece certezas y que sigue invisibilizando los grandes problemas diarios. No es síntoma de salud estatal pretender refundar el estado cada 4 años, nuestro país necesita generar acuerdos a largo plazo que superen a los gobiernos, que no tengan nombre y apellido. Hay que dejar las excusas, la continuidad es la que nos ayuda, la previsión y la certeza”.

“Si hacemos una mirada rápida del país que tenemos, vemos que la pobreza supera el 40%, tenemos una infantilización de la pobreza que alcanza el 56%  de niños menores de 14 años, 2,3 millones de personas desempleadas, una inflación anual superior al 40%, incluso con control de precios, el índice de producción industrial manufacturero con disminución interanual de 12,5%, congelamiento ficticio del dólar con una brecha superior al 100% y más de 40.000 pymes que cerraron definitivamente durante este 2020”, señaló la diputada.

Agregó: “Hoy tengo más preguntas que respuestas, inquietudes que no han sido saldadas durante estos 323 días de gobierno en las que sólo hemos tenido un informe del jefe de gabinete y escasas reuniones informativas sobre el presupuesto, y esas dudas no saldadas, son precisamente las que me impiden acompañar esta ley de presupuesto poco real y practicable en el tiempo”.

Carrizo aseguró que el gobierno nacional ha tenido el acompañamiento suficiente para generar respuestas pero no lo ha hecho, y siguen buscando culpables y mencionando a la gestión anterior como responsable de todos sus males. “Hemos acompañado el pedido de cada una de las herramientas que el Ejecutivo exigía: delegación de facultades, emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, tarifaria, energética, social y sanitaria, suspensión de la fórmula de actualización de jubilaciones, nuevo consenso fiscal, reestructuración de deuda, eliminación del régimen especial de jubilación de magistrados, modificación del presupuesto, ampliación de la moratoria, más todas las modificaciones realizadas mediante DNU, y otras pretendidas como la reforma judicial, el impuesto a la riqueza, la suspensión de las S.A.S. y la reforma a la ley del conocimiento que pronto veremos”.

“El presupuesto que debatimos genera preocupación y desde ahí más dudas. Esto no es consecuencia de la pandemia, que incluso el propio presupuesto considera que va a desaparecer el próximo año, sino una decisión paradigmática, de cómo se posiciona el gobierno y su plan de acción hacia el futuro: más del 52% de los gastos de la administración están en prestaciones sociales y si adicionamos los subsidios económicos llegamos al 61% del gasto; cuya principal fuente de ingreso es la recaudación tributaria, sobre contribuyentes que ya han desbordado su capacidad de aporte, y sobre quienes no ha existido preocupación ni medidas para acompañar, y con esto no quiero decir asistir, sino promover e incentivar”.

“No hay dudas que hay personas en Argentina que necesitan asistencia alimentaria y sanitaria, lo que se pone en duda es el modelo de gestión, que busca generar dependencia y reemplaza la dignidad del trabajo y el salario justo por asistencia. Este presupuesto que debatimos y que según dichos del propio presidente y su jefe de gabinete muestra a un estado como protagonista, es un estado que en realidad invisibiliza y estigmatiza a los verdaderos protagonistas, que son quienes han soportado la crisis económica y han mantenido sus negocios e industrias cerradas y aun así hoy siguen aportando, ellos son quienes sufren el incremento diario del costo de vida y ven reducida al mínimo su capacidad de ahorro”, concluyó Carrizo.