Violencia institucional. Ante la ministra de Seguridad y el secretario de Derechos Humanos, JxC reclamó por Facundo Astudillo Catro y los abusos policiales

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Los diputados de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos de la Cámara baja, recibieron hoy a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; y al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, quienes se refirieron a la situación de la violencia institucional en el marco del Aislamiento Obligatorio por el Covid-19. “Los hechos delictivos están subiendo y tienen a ser más violentos”, reconoció la ministra ante los legisladores.

“Responsabilizaron a la gestión de Macri por la desaparición de Santiago Maldonado, ¿van a responsabilizar a la gestión de Axcel Kiciloff por la desaparición de Facundo Astudillo Castro?, planteó Luis Petri al secretario Pietragalla. “Estamos en un híperestado de sitio con hiperfacultades policiales por fuera de la Constitución”, señaló por su parte Alvaro de Lamadrid, vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior. Karina Banfi señaló que asusta que en el marco de la cuarentena tengamos este nivel de persecución policial”.

“Sigue pasando el tiempo y nosotros queremos respuestas concretas, no que echen la culpa a gobiernos anteriores o a organismos provinciales, Hay familiares de las víctimas que necesitan respuestas”, señaló el diputado Sebastián Salvador, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, luego de la exposición de los funcionarios. Y le preguntó a Pietragalla si el organismo que conduce “se pre-sentará como Amicus Curiae en la causa de Astudillo Castro, que amerita la intervención, no como en la causa de Ricardo Jaime

Al cumplirse hoy 100 días de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, la ministra Frederic enumeró una serie de medidas adoptadas para dar con su paradero: “El Ministerio de Seguridad no lleva adelante la investigación del caso, que se encuentra bajo secreto de sumario, sino que interviene a pedido de la Justicia Federal de Bahía Blanca”, dijo. Y explicó que este caso fue cargado en el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, que interviene la División de Control de Prevención de Violencia Institucional y la coordinación de Policía Científica con el fin de derivar tareas a las diversas áreas de las fuerzas federales de seguridad. Y trabajan las cuatro fuerzas federales de seguridad bajo la órbita del Ministerio. “Se realizaron varios rastrillajes y allanamientos”, mencionó entre otras acciones y tareas de campo desarrollados por las fuerzas a su cargo.

Por su parte, Horacio Pietragalla dijo que en este caso “lamentablemente no se pudo actuar rápidamente. La primera denuncia por desaparición de Facundo llegó en los primeros días de junio, por búsqueda de paradero, no había asociación de desaparición forzada, y recién el 7 de julio es cuando la familia con sus abogados hacen la primera denuncia por desaparición forzada”.

Sebastián Salvador, reclamó que “debido al gravedad y cantidad de los casos de violencia institucional y vulneración de derechos humanos, que en muchos casos terminaron en muertes y desapariciones, el secretario Pietragalla debía haberse presentado ante la Comisión mucho tiempo antes, como viene reclamando Juntos por el Cambio. “Vemos un gran retroceso en materia de seguridad y derechos humanos. En estos más de 3 meses hemos tenido casos muy graves, como los de Florencia Magalí Morales en San Luis, Franco Maranguello en San Luis, Mauro Coronel en Santiago del Estero, jóvenes qom en Chaco, Luis Espinoza en Tucumán, Alan Maidana en Buenos Aires, Lucas Verón en provincia de Buenos Aires, Cefrino Nadal en Tucumán; Blas Correa en Córdoba; y la desaparición de Facundo Astudillo Castro; entre otros casos”.

Luis Petri, por su parte, preguntó a la ministra Frederic por es la situación real del delito y la violencia en la Argentina, “y si hay dos diagnósticos, uno para afuera y otro para adentro, porque “hace pocos días aseguró en una entrevista que no son muchos los robos, sino que los medios de comunicación los hacen visibles. Y que fue desautorizada por el jefe de Gabinete Santiago Cafiero. Y recordó que el secretario de seguridad bonaerense, Sergio Berni, asegura que “es la primera vez en la historia que tenemos gente que comete delitos que tenía un historial limpio, que se están cometiendo delitos de supervivencia”.

Denunciaron penalmente a Mauricio Macri, Marcos Peña y Pabricia Bullrich por abusos y excesos policiales. ¿Van a hacer lo mismo ahora?, remarcó, para luego consultar al secretario de Derechos Humanos qué acciones realizó y qué denuncian se hicieron ante las severas restricciones a los derechos humanos durante el aislamiento social y preventivo.

Alvaro de Lamadrid, vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, recordó que ayer denunció al Presidente de la Nación por abuso de autoridad por el decreto que prohíbe las reuniones sociales, un decreto claramente violatorio de la Constitución Nacional. Y preguntó a la ministra Frederic si fue consultada por ese decreto, si piensa también violar la Constitución Nacional, si va a aplicar el decreto y pedir a las fuerzas de seguridad que irrumpa en la casa de los argentinos a sacar a la gente y llevarla a la fuerza. Y recordó que liberaron 4.000 presos. ¿Van a ocuparse de los derechos de las víctimas o de los delincuentes?”, señaló.

Alejandro Cacace insistió en que “el propio secretario de Derechos Humanos reconoció que 531 denuncias por violencia institucional durante el aislamiento, 25 muertes, 1 desaparición forzada. De esto tenemos que hablar y no es serio que se den respuestas apelando al gobierno anterior. Cada funcionario es responsable de su gestión.”

Y expresó su preocupación por una entrevista en la que la ministra dijo que en la comunicación que hizo con los gobiernos provinciales de Chubut, San Luis y Tucumán por casos de violencia institucional no había recibido respuesta. “Si los gobernadores no responden a la propia ministra estamos ante una situación gravísima.

Karina Banfi dijo que asusta que en el marco de la cuarentena tengamos este nivel de persecución policial”. Y recordó que “durante un mes nadie le prestaba atención a la madre de Facundo Astudillo Castro porque la carátula era averiguación de paradero y no se movió el expediente en la Justicia local, hasta que los abogados y los organismos de derechos humanos lograron cambiar la carátula de la causa. Me llamó la atención que el secretario de Derechos Humanos haya dicho que no intervinieron antes siendo que la última vez que se vio a Facundo Astudillo fue en un retén policial”, señaló Banfi.

Y preguntó si en el caso de Espinoza en Tucumán la Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante. Y preguntó qué acciones de coordinación llevan adelante con las fuerzas provinciales, para no terminar echándole la culpa a las provincias.

Fabio Quetglas, por su parte, se refirió a la construcción colectiva de una legislación contra la violencia institucional. “Estamos hablando de un estándar en términos de calidad y de procedimientos. Esto se garantiza con un conjunto de acciones. Esto es justamente todo lo contrario de lo que hizo la gestión de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires cuando con un criterio oportunista, respondiendo a un clamor popular, creó policías en seis meses armando a personas sin la calificación efectiva y poniéndolas en las calles. Ese es un proceso de desjerarquización del sector público. Lo mismo cuando un ministro de seguridad provincial se exhibe con armas porque eso le suma un puntito en su imagen frente a la angustia de la gente, utiliza un criterio oportunista”.

 “Quisieron usar a Julio López para echarle la culpa a la dictadura y a Etchecolaz, y cuando eso se cayó dejaron de buscarlo; con Maldonado quisieron echarle la culpa a la ministra Patricia Bullrich, y eso también se cayó con las pericias. ¿A quién le van a echar la culpa a hora de la violencia de parte de las fuerzas policiales?”, agregó Alvaro de Lamadrid.

Al comenzar la reunión, Frederic dijo: “Entendemos la legitimidad del uso progresivo y diferenciado de la fuerza por parte de las fuerzas policiales una vez que todos los demás medios para lograr un objetivo legítimo resultaron ineficaces e ineficientes. Cuando el uso de la fuera se hace de manera abusiva o desproporcionada, se considera violencia institucional”, dijo.

“En la actual gestión el control y prevención de la violencia institucional es una política transversal”, agregó. Y mencionó acciones concretas del Ministerio como el dictado de protocolos específicos de actuación policial, la articulación con las organizaciones sociales para la difusión de los derechos y el monitoreo de las condiciones de detención de las personas alojadas en dependencias policiales.

Detalló que se recibieron y tramitaron 39 denuncias por hechos de uso abusivo de las fuerzas por parte del personal dependiente de las fuerzas policiales y de seguridad federales en el marco del decreto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. El personal implicado en estos hechos son 96, de los cuales 6 fueron pasados a disponibilidad y hay 10 acciones disciplinarias en curso.

También afirmó que al tomar conocimiento de hechos de violencia institucional ocurridos en Chaco, San Luis, Tucumán, Chubut y Buenos Aires, el Ministerio de contactó con las autoridades provinciales y se introdujo la cuestión de la violencia institucional en reuniones del Consejo de Seguridad Interior. “Se requirió a las autoridades provinciales un informe sobre el estado de las actuaciones disciplinarias a fin de establecer las responsabilidades del personal policial en los hechos y si se había determinado alguna sanción”, agregó la ministra.

Por su parte, el secretario Horacio Pietragalla aseguró que existe un compromiso del Ejecutivo de erradicar la violencia institucional en democracia. “Sabíamos que la situación del control social por la pandemia iba a traer un número mayor de casos de denuncias”, señaló. Y explicó que desde el 10 de diciembre al 20 de marzo tuvieron 71 denuncias de violencia institucional y desde el 20 de marzo a la actualidad un total de 531 casos denunciados. “No todos son casos graves”, aclaró.

Y leyó un acta compromiso contra la violencia institucional firmada por las autoridades en Derechos Humanos de Nación y las 24 jurisdicciones argentinas.

“Queremos que cada vez que haya un hecho de violaciones a los derechos humanos no se lo mire al Estado, sino que se pueda mirar al individuo que los violó y que se lo pueda sancionar. No queremos un estado que sea acusado de violar los derechos humanos, si queremos demostrar que hay miembros que violan los derechos humanos”, remarcó.

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