Se aprobó en Diputados el impuesto a las grandes fortunas. JxC lo rechazó por inconstitucional y por desalentar inversiones.

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El oficialismo impuso su mayoría para aprobar esta madrugada el impuesto a la riqueza. Los diputados de Juntos por el Cambio rechazaron el proyecto por considerarlo inconstitucional, confiscatorio, por instaurar una doble imposición y desalentar inversiones, entre otras cuestiones.

En el cierre del debate, el diputado Mario Negri señaló que “la Argentina es el país de mayor presión tributaria y además todo impuesto existente que se imaginan en la cabeza de algún hombre de algún planeta lo traemos acá, y le metemos la mayor alícuota, y los metemos a todos los impuestos justos. Eso nos ha llevado a retroceder, no genera confianza ni inversión y desalienta la inversión. En ese contexto estamos debatiendo este impuesto”.

“Nos ha llevado muchos años de discusión la distribución en Argentina, y no hemos puesto la misma energía para discutir cómo generamos riqueza en  nuestro país. Estamos en un tobogán y una debacle donde encajan las enormes diferencias que tenemos alrededor de este impuesto”, dijo.

“No hay inversión directa extranjera en la magnitud que tenemos, pero hemos tenido que asistir con ATP a las empresas en el medio de la pandemia, por una definición que al principio fue acertada pero luego equivocada. Porque la cuarentena era para mantener el sistema de salud y rearmarlo, no para convertirlo en un programa de gobierno. Eso tuvo una fuerte implicancia en la economía que de por sí era vulnerable. Somos top ten en la caída del PBI con un 12 %, en el déficit fiscal rayando el 8 %.

“No estamos persiguiendo grandes fortunas ociosas, multimillonarias, esas que no vinieron en el blanqueo y están afuera en los paraísos fiscales. Un centro mecanizado vale un millón de dólares. Si tiene un tambo con 100 vacas y si tiene un tractor le pegan en el poste a este impuesto. En Córdoba 400 hectáreas de base imponible para 2020 son 98 millones de pesos, la mitad para la valuación del impuesto; una cosechadora son 600 mil dólares cada una. Esos no están en el exterior, están acá, no tendrán el ATP y tienen que dar trabajo a la gente”, señaló Negri

“Nosotros somos los que más hemos intoxicado en impuestos al sector privado en la región. Si no generamos riqueza, gobierno que sea, no va a haber inversión. ¿De dónde van a venir divisas? Y ahora en el sur ponen el impuesto al viento y luego vendrá el impuesto al sol también”, ironizó.

“Mandaron al ministro a que se vista de paladín a hacer el ajuste y acá están los Robin Hood”

“Hay incertidumbre por la pandemia, hay incertidumbre económica, y hay incertidumbre tributaria que se aumenta esta noche. Además hay incertidumbre institucional y si nos descuidamos habrá incertidumbre electoral. Hay que salir de la incertidumbre, hay que generar confianza y hay que tener un plan”, afirmó Negri.

“También tengo deseos de discutir la deuda y ver la fuga de capitales. En lo que va de este año emitieron 20.000 millones de dólares. Se acuerdan cuando el presidente decía que con las leliqs iban a pagar el 20 % de aumento a los jubilados. Macri se fue con 5 % de emisión de leliqs, hoy está en el 15 %, 7.000 millones de dólares futuros; y ya el Fondo de Sustentabilidad vendiendo bonos en dólares a la mitad de precio y estamos pagando intereses de 17 % en dólares. Se han ido 10.000 millones del Banco Central. ¿Eso es fuga o eso va a los asilos?”, remarcó.

Al comenzar el tratamiento del proyecto, el diputado nacional Luis Pastori argumentó que “el título del proyecto a primera vista suena razonable, romántico, pero si analizamos bien tiene un sesgo anti productivo que va terminar afectando la generación de empleo, y provocando más pobreza, y no mayor redistribución, como se nos quiere hacer creer. Además el título del proyecto miente, es engañoso, malicioso porque se trata de un impuesto, no de un “aporte solidario”. Este engaño es inadmisible para cualquier Estado que se precie de serio y confiable. Este detalle no es ingenuo, ya que a un impuesto le caben todas las garantías constitucionales, con que nuestra carta magna ampara los derechos de los contribuyentes, para defenderse de la voracidad fiscal de gobiernos con tendencias autoritarias”.

Acto seguido precisó “además, al ser un impuesto de tipo directo, cuya potestad originaria corresponde a las Provincias, en este caso todo lo recaudado va ir a Nación, este no va ser un impuesto coparticipable. Es un impuesto grosero, mal diseñado, con serias falencias de técnica legislativa tributaria. Que grava por igual, no distinguiendo la inversión financiera de la productiva, es decir que grava capital de trabajo, mercaderías, maquinarias, bienes de capital, inmuebles, propiedades rurales. Para las Pymes este impuesto es una segunda pandemia, motores fundamentales de la generación de empleo”. “¿Que están buscando con este proyecto, que se vayan más empresas y empresarios del país, como ya está sucediendo ahora? Están perjudicando al gobierno que dicen defender ralentizando la recuperación económica, porque este proyecto de impuesto seguirá espantando inversiones” agregó.

Finalizando su discurso Pastori cuestionó duramente la evasión, “nuestra propuesta es que las grandes fortunas paguen impuestos que hoy no pagan, el esfuerzo que no realizan, y la solidaridad que les resulta ajena. Vayamos juntos a encontrar esos patrimonios que están ocultos, esos inmuebles que están subvaluados, esas fortunas que se esconden en empresas de papel y que se refugian en paraísos fiscales o en cajas de seguridad sin registrar de donde provienen. La batalla hay que darla contra la evasión y contra la informalidad, el objetivo debe ser ampliar la base tributaria, capturando a quienes no pagan”.

En ese sentido agregó “un nuevo impuesto no es otra cosa que cazar en el zoológico y beneficiar a los evasores de siempre. De nada sirve que se le revista de la máscara discursiva de gravar a los ricos. Es una salida facilista que esquiva el verdadero desafío, que es buscar a los evasores. Lamentablemente la moratoria vigente ilustra de manera palpable lo que dije, no solo no se combate la evasión sino que cuando se la detecta, y se intenta penalizar, aparece una moratoria con exculpación, con ley a medida como fue el caso de Cristóbal López. Para perseguir la evasión no necesitamos una Ley, ya lo podemos hacer con la AFIP, con nuestra legislación y estrechando esfuerzos con otros países, con los cuales tenemos acuerdos internacionales. Hay que hacer la tarea” finalizó.

Luego, Ricardo Buryaile insistió en que se trata de un impuesto disfrazado de aporte solidario. “No hay en materia tributaria aportes, sino que hay tasas, impuestos y contribuciones. Por eso tuvieron que ponerle la palabra obligatorio, porque si no podría haber sido voluntario”.

“Espero que realmente si aprueban este impuesto sea por única vez como dicen, porque si no el daño que harán a la economía argentina será aún más inmenso”.

“Es un proyecto de naturaleza populista tributaria. Y tiene un concepto un espíritu de concentración económica en el poder central pocas veces visto. Este impuesto confunde los bienes de capital con bienes suntuarios”, puntualizó Buryaile.

Lo que hace el oficialismo con este proyecto es afectar severamente la credibilidad de un país, porque cambia las reglas de juego. No importa la emergencia en que se encuentre, no deben afectarse derechos consagrados en la Constitución Nacional”, remarcó.

Víctor Hugo Romero, por su parte, dijo que “todos compartimos la difícil situación fiscal que tenemos en la Argentina. Venimos de muchos años en recesión profundizada por la pandemia. Esta situación ha generado más informalidad, más desocupación, más pobreza, de la cual los dirigentes políticos debemos ver cómo salimos para superar esta situación”.

“El Estado necesita recursos, un Estado que incrementa el déficit. Pero también debemos decir que el incremento de los recursos no es bueno hacerlo incrementando impuestos. Deberíamos estar discutiendo una reforma tributaria, que apunte a disminuir los impuestos distorsivos y regresivos que afectan justamente a los que menos tienen, y potenciar los impuestos relacionados de manera progresiva con los ingresos y patrimonio”.

“Hay que fortalecer el sistema tributario para dar seguridad jurídica, reglas claras para potenciar y generar inversiones, que es lo que necesita nuestro país. Con este nuevo impuesto no generamos fortaleza tributaria. Hay mucha inconsistencia de tipo legal”, señaló.

También dijo Romero que “afecta la igualdad por la falta de uniformidad en las valuaciones fiscales que tienen los estados provinciales. Porque van a tributar inmuebles con el mismo valor real de manera distinta, producto de que muchas provincias tienen valuaciones fiscales atrasadas. Si obligáramos a las provincias a tener un criterio uniforme de valuación de todos los inmuebles del país estaríamos potenciando recursos del Estado con una ley vigente que simplemente se debería cumplir para conseguir estos recursos que hoy se buscan de manera extraordinaria”.

“Por superponerse con otros impuestos es un impuesto claramente confiscatorio que obliga a tener ganancias extraordinarias para poder cubrir el pago”, agregó.

Facundo Suárez Lastra remarcó que con este impuesto “estamos enfrentando problemas del siglo XXI con cabeza del Siglo XIX. No se puede pensar que estamos haciendo Justicia y equidad gravando patrimonios exclusivamente sin tener siquiera en cuenta el patrimonio neto, sin reducción de los pasivos, en medio de una situación que arrastra pérdida de rentabilidad en la economía argentina de décadas. Es una pésima decisión de política económica, cuando la Argentina debe hacer una enorme convocatoria a sus sectores productivos”.

“El mundo demanda lo que producimos, tenemos un paquete productivo que tiene condiciones de generar riqueza y no solamente es el polo exportador, es la economía del conocimiento, la minería, sectores productivos, medios de servicio, turismo. Hay una riqueza potencial en Argentina y hay 400 mil millones de dólares en manos de argentinos de los cuales casi un 70 % son líquidos, que como muchas veces en la historia responden a un país que alienta el trabajo, que da certeza jurídica y que propone caminos para el desarrollo y estarían dispuestos a aportar”, dijo Suárez Lastra.

“Con esta mala decisión estamos alejando las posibilidades de inversión en la Argentina, que son el único camino que tenemos”, finalizó.

Más adelante, Claudia Najul señalo que “este proyecto nación mal y va a terminar peor. Lo que comenzó como un gesto más hacia la tribuna hace meses, como una más de las tantas maniobras de distracción a las que nos tiene acostumbrados al oficialismo, llega hoy a Diputados. Este impuesto a la riqueza está cruzado de inconsistencias desde el principio al final del proyecto. No se evaluaron siquiera superficialmente las consecuencias legales, políticas y económicas que va a traer. Más tarde que temprano va a ser declarado inconstitucional”.

“Este nuevo impuesto lesiona los principios constitucionales de igualdad, de no discriminación, de capacidad contributiva, de inviolabilidad de la propiedad privada, de irretroactividad impositiva. Deja abierta la posibilidad de gravar bienes de los cuales el contribuyente ya se ha desapoderado. Y lo más grave es el económico productivo, estamos frustrando el proyecto antes de ponerlo en funcionamiento. Sin inversiones no va a haber desarrollo”, afirmó Najul.

José Cano dijo que “esta iniciativa entre los efectos negativos que tendrá será dar un paso más en la escasa credibilidad que tenemos como país para generar inversiones que den trabajo y recuperación de la economía”.

“Esto está técnicamente mal. No se puede cobrar sobre el stock, el impuesto es sobre la ganancia, si se cobra sobre el stock eso es expropiación”, remarcó.

“Es un muy mal impuesto, porque no va alcanzar a las grandes fortunas, sino que alcanza al capital de trabajo de muchísimos propietarios de Pymes que dan trabajo a lo largo y ancho del país. Este impuesto no distingue entre lo que es una inversión financiera, tener depositado 5 millones de dólares o lo que son inversiones en una empresa que genera trabajo y actividad económica”, dijo Benedetti, quien también aseguró que va a alcanzar a mucho más de las 9.000 personas que dice el oficialismo que serán los contribuyentes que deberán pagar este impuesto.

“Es un aliento más a todos aquellos que están mirando hacia el otro lado del charco o hacia otros países para radicar sus domicilios fiscales en una primera etapa y luego radicar allí sus actividades, que son las que realmente importan porque generan trabajo. Este impuesto es pan para hoy y hambre para mañana”, finalizó.

Alejandro Cacace dijo que “nadie duda de que necesitamos una profunda reforma en nuestro sistema tributario, pero debemos hacerla en una discusión en conjunto para dar mayor progresividad al sistema”.

“Es recurrente la suba de impuestos que está haciendo este gobierno. Desde la Ley de Emergencia económica que subió las retenciones, que subió la tasa de estadística, que subió impuestos internos, creó el impuesto país y subió el Impuesto a los Bienes Personales, sobre el cual estamos ahora discutiendo un tributo absolutamente análogo”, dijo Cacace.

“¿Estamos discutiendo este nuevo Impuesto a la Riqueza para que dentro de unas semanas tengamos una nueva suba de impuestos en la Argentina, promovida no por legisladores del oficialismo sino por el ministro de Economía con la reforma impositiva?”, preguntó Cacace.

Carla Carrizo, por su parte, remarcó que “esta ley no toca en nada la estructura de pobreza y desigualdad que hay en Argentina. Debemos comenzar a hablar en serio de las reformas y la equidad fiscal que falta en la Argentina. Debemos ser exigentes con eso y construir un consenso que valga la pena transitar en la Argentina. No hay redistribución a los que menos tienen. Lo que hay es una redistribución de los que más tienen al que más tiene, que es el Estado nacional, que centraliza y asigna mal”.

“Se equivocan quienes creen que votando esto tranquilizan sus conciencias creyendo que construyen justicia social en la Argentina”, dijo.

Alvaro de Lamadrid dijo que “antes el kirchnerismo utilizaba el Congreso como una escribanía, pero al menos tenían que escuchar a la oposición, debían dar la cara. Hoy ni siquiera toleran eso y se quedan en la comodidad del quórum express y de la mayoría para poder votar en sesión remota sin tener que dar la cara. Y nos obligan a tener que discutir temas importantes como tonterías de patio de colegio. Es una paradoja que el autor aparente del proyecto de ley figura en el padrón de contribuyentes del mismo, pero no por tener cosas en abundancia ganadas decentemente sino por haberse enriquecido en la función pública su madre indecentemente e impunemente. Por eso no valoran el esfuerzo, el mérito y lo duro que es progresar trabajando por años invirtiendo y dando trabajo en el país. Un nuevo impuesto para un país que tiene 168 impuestos. Y no es para los más necesitados. Es para caja política, será administrado sin eficacia y sin coparticipar. Necesitamos luz, no más oscuridad”.

Más adelante, Gustavo Menna dijo que “se está creando un impuesto que tiene más de revancha que de efectivo propósito de recaudación fiscal. Les da vergüenza llamarlo impuesto, y por eso acuden a los eufemismos para denominarlo aporte solidario. El artículo 9 del proyecto encarga a la AFIP textualmente la aplicación, percepción y fiscalización de lo que llaman aporte. ¿Entonces en qué quedamos? Es un aporte pero lo recauda y fiscaliza la AFIP. Sin dudas es un impuesto que implica además una doble imposición, porque apunta al mismo hecho imponible que el Impuesto a los Bienes Personales. Y es confiscatorio porque no tiene mínimo no imponible. Con un peso menos de patrimonio que 200 millones de paga cero, pero con un peso más se entra a pagar el impuesto sobre todos esos 200 millones libres de gravámen en el caso anterior.

“Ni heladera llena ni aumento a los jubilados, ni baja de leliqs. Este Gobierno está haciendo todo lo contrario de lo que prometió y este impuesto es una parte más de ese ajuste”, dijo Menna.

“Esto que estamos votando no es un aporte, no es solidario y mucho menos está dirigido a financiar los efectos de la pandemia. Este es un impuesto manotazo, para tapar los agujeros fiscales, como vimos en el Presupuesto nacional, con cifras dibujadas en cuanto a la recaudación, el dólar y la inflación”, señaló por su parte Gabriela Lena.

Soledad Carrizo agregó que “rechazamos este proyecto porque no vamos a ser cómplices de generar mayor inseguridad jurídica y mayor improvisación en las políticas públicas en nuestro país. La desconfianza se paga caro, mayor inflación, mayor desempleo, dólar por las nubes, empresas que migran. Evidentemente lo pagan quienes más necesitan que hagamos las cosas bien. Es triste ver cómo queremos imponer con un relato esto de que de un lado están los argentinos ricos y del otro lado la otra argentina. No seamos hipócritas y pongamos sobre la mesa la reforma que realmente la Argentina está necesitando”.

Carlos Fernández señaló que “tenemos una de las tasas más bajas de generación de empresas de toda la región. La tasa de inversión en el segundo trimestre de 2020 fue del 9,5 % del PBI, un mínimo histórico, y es una tendencia que comenzó en 2009 y hasta ahora no hemos podido revertir. Y son las empresas las que genera empleo”.

“Esto preanuncia que la recuperación va a ser débil, en contraposición a lo que necesitamos”, agregó.

Miguel Bazze dijo que “este nuevo impuesto no va a contribuir a mejorar el estado de cosas sino que va a representar un nuevo problema. El gobierno debe pensar en el crecimiento de las pequeñas, medianas y también de las grandes empresas. Se trata de garantizar el trabajo de los argentinos”. Y remarcó que “advertimos que al gobierno nacional le falta explicitar un programa económico. No le han dicho al conjunto de los argentinos cuál es el rumbo de la economía”.

Federico Zamarbide insistió en que “el sistema impositivo argentino no funciona. Y es una pena que perdamos una oportunidad como esta para dar una discusión de fondo de un sistema perverso que combina alta presión fiscal con una complejidad tal favorece la evasión y la competencia desleal. Y a la vez hay déficit de controles. Por eso presentamos un proyecto reduciendo la alícuota general del IVA al 15 %, y nos parece que la discusión de una reforma impositiva debería ir por ahí, reduciendo impuestos al consumo y a la actividad económica, favoreciendo la generación de trabajo y beneficiando a los más humildes. Debemos animarnos a bajar impuestos a la actividad económica. Reducir impuestos, simplificar y mejorar el control”.

“En tiempos en que tenemos que fomentar las inversiones, el Gobierno las espanta. Esto va a generar prosperidad en aquellos países hacia los cuales expulsamos empresarios. Las inversiones son muy difíciles de traer, pero muy fáciles de espantar”, agregó.

“No salimos más de las crisis sin inversiones. Y las inversiones vienen del sector privado, y no habrá inversiones con incertidumbre que existe en un país con malas leyes. Argentina deberá decidir si sigue con la improvisación fiscal, la falta de programación económica, el asedio a las empresas o si decide construir un sistema inclusivo y sostenible sobre la base de una fiscalidad previsible que respete el esfuerzo de los ciudadanos y sus bienes legítimos”, dijo por su parte Lidia Ascárate.

Lorena Matzen, por su parte, dijo que “hay un falso relato progresista que nos quieren vender. Se debería haber dado una discusión real de una reforma tributaria amplia y progresiva, eliminando Bienes Personales como está planteado hoy, y dando una señal clara y sincera de austeridad en la administración del Estado”.

Emiliano Yacobitti dijo que “estamos entrando en un error repetido. Que es no decir las cosas como son, y así terminan perdiendo los que menos tienen. Cuando se pretenden esconder los ajustes debajo de la alfombra los terminan pagando los que menos tienen. Para que las cosas que uno no quiere decir las pueda decir y pueda sobrevivir en el intento lo que se debe hacer es generar acuerdos políticos sólidos, duraderos en el tiempo, que nos permitan afrontar los problemas que tiene la Argentina”.

Miguel Nanni dijo que “este impuesto es la prueba cabal de que el país está fuera de eje. Es una medida expulsa, no atrae inversiones. Eso explica el éxodo de empresas que hay a países vecinos. Sobre los 168 impuestos ya existentes van a añadir uno más. Las verdaderas consecuencias las vamos a ver dentro de un año, cuando veamos que no sirvió para nada, que no atrajo inversiones, no generó fuentes de trabajo y trajo más pobreza”.

Diego Mestre remarcó que “se trata de un tributo obligatorio. Un manotazo al aparato productivo argentino. Y sobre todo en este momento en el que se perdieron 4 millones de puestos de trabajo, con 41 % de argentinos bajo la línea de pobreza y con la presión tributaria más alta del mundo. Vamos a terminar de destrozar el aparato productivo argentino. Además siguen creando nuevos impuestos y no los coparticipan con las provincias, como es este caso y como sucedió con el impuesto PAIS”.

Jorge Vara reclamó que no será un impuesto coparticipable. También cuestionó que se establece que “la valuación la hará la AFIP, cuando la Constitución establece que son las provincias las que deben hacer esa valuación”.

“No se puede crecer solamente con inversión pública, se necesita inversión privada. Y sin inversión no hay posibilidad de crecimiento, nadie puede estar mejor si el país no crece”, agregó.

“El oficialismo usa el gobierno para jugar su interna, y nos arrastra a todos en este toma y daca entre los distintos sectores que integran el Gobierno. En esa repartija el Gobierno se llevó el Presupuesto que necesita para un diálogo serio con el Fondo Monetario Internacional. Y los sectores más extremos del oficialismo probablemente se lleven la media sanción de este proyecto. Este es claramente solo un proyecto para contener a la militancia, es una bandera que quieren levantar para hacer ´las del tero´. Mientras una pide una excepción del Impuesto a las Ganancias a su jubilación de privilegio, y otros piden aporte solidario. Aporte solidario con la de otros”, dijo por su parte Jorge Lacoste.

Roxana Reyes dijo que “este impuesto es inconstitucional porque avanza sobre los bienes y las rentas, sumando a lo que tiene que ver con Bienes Personales y los impuestos provinciales alcanza un 7,5 % como base impositiva, lo cual es claramente confiscatorio. Muchos contribuyentes van a tener que vender algunos bienes para poder hacer frente a este impuesto”.

“En mi provincia, Santa Cruz, el empleo público es el único proveedor de trabajo, porque se ha desalentado la inversión. Tenemos un parque industrial en la ciudad capital que no tiene ninguna chimenea, porque se persiguió hasta la medicina privada. Santa Cruz es la cara de lo que va a suceder en nuestro país, no va a haber un empresario que quiera invertir en nuestro país con estas señales que estamos dando”, agregó Reyes.

Jimena Latorre cuestionó este “impuesto a la riqueza creado desde Puerto Madero, impuesto que viene a sumarse a la enorme presión impositiva de nuestro viciado sistema tributario argentino. Reconocen que no hay habilidad en este gobierno para hacer un mejor uso de los recursos que ya existen”.

También cuestionó que “un 25 % de la afectación de este impuesto será para el sector energético para la producción de gas natural. Este impuesto que supuestamente es excepcional, de emergencia, en el marco de una pandemia, destinado a corregir inequidades y morigerar la pobreza, afecta más fondos a YPF e IEASA que a equipamiento médico o las pymes. Los campeones mundiales de la redistribución de la riqueza, en los números creen que YPF es más pobre que los habitantes de los barrios populares. Es una auxilio financiero destinado a compensar la inversión en Vaca Muerta”.

Fabio Quetglas señaló que “uno de los problemas actuales es la estigmatización o deformación de la idea de la riqueza. Y si queremos vivir mejor debemos generar más riqueza, y nos debemos preguntar qué costo queremos pagar, qué reglas debemos tener para generar más riqueza”.

“La capacidad de imponer por parte del Estado nunca es infinita, y está signada por el vínculo de legitimidad, que tiene que ver con la devolución de servicios públicos de calidad, y en ese vínculo estamos llegando a un límite, hay tensión fiscal en Argentina. Estamos en un verdadero infierno fiscal que vamos a regar ahora con la nafta de este nuevo impuesto. Estamos destruyendo la riqueza que genera riqueza”, dijo.

Luis Petri preguntó cuáles son los efectos de la pandemia y la cuarentena que se buscan morigerar con este impuesto. ¿Qué hay para festejar si los efectos de la cuarentena y la pandemia en la Argentina en términos sanitarios, económicos y sociales han sido desastrosos? Somos el octavo país del mundo con mayor cantidad de contagios, el noveno país con mayor cantidad de muertos. No hay euforia, no hay épica que tape los más de 36.000 muertos que ha sufrido la Argentina.

“¿Cómo vamos a recuperar esas 40.000 pymes que cerraron producto de una cuarentena eterna? Más de 3.600.000 puestos de trabajo que se perdieron durante la cuarentena. ¿cómo vamos a luchar contra la pobreza? Llevaron a más de 2 millones de argentinos a la pobreza producto de la política económica y social errática”, dijo.

“Cuando las leyes de este gobierno hablan de democratización, de solidaridad o de soberanía, seguramente estamos incumpliendo la Constitución, seguramente hay un ajuste en el medio, seguramente estamos incumpliendo un contrato o estamos avanzando sobre uno de los poderes del Estado”, agregó Petri.

“Hoy los únicos que pueden festejar son los países vecinos, porque a ellos le estamos facilitando las posibilidades de que se radiquen empresas”, señaló Petri.

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