En lo que va de la pandemia en el país, un millón de chicos perdieron contacto con la escuela. La razón no es difícil de encontrar; según el último informe de Unicef, 1 de cada 2 hogares no tiene una computadora disponible para tareas educativas y el 50% de las familias no tiene acceso a Internet; pero, además, 6 de cada 10 chicos son pobres y fueron ellos quienes más padecieron el cierre de las escuelas. Cierre promovido por un gobierno que se autodefine como progresista pero que niega a la población la educación, el bien público que mayor movilidad social ascendente genera, por lo que no es otra cosa que una farsa populista.

Después de casi un año de convivir con la pandemia y sus trágicas consecuencias sanitarias, económicas y sociales, ha quedado en evidencia que la educación no es una prioridad, en palabras del Ministro de Educación, no es una actividad esencial; dejando de ser una política de estado que reúna a todos los actores del sistema en torno a consensos básicos, para quedar a expensas del tire y afloje sindical.

La ausencia de clases presenciales ha profundizado la brecha educativa bajo la mirada impávida de las autoridades nacionales, más preocupadas por la apertura de casinos e hipódromos o la vuelta del fútbol que la vuelta a clases presenciales en las escuelas.

Nota de opinión de Luis Petri en La Nación