Estamos a días de que una ley tan necesaria como la de biocombustibles pierda su vigencia. Este gobierno, inentendiblemente, ha decidido no prorrogarla. Pero además, amenaza con reducir los cortes obligatorios de bioetanol y biodiesel. En otras palabras, 50 plantas productoras distribuidas en 10 provincias perderán beneficios fiscales importantes y quedarán en una situación de orfandad jurídica.

Miles de empleos perdidos en medio de una situación de vulnerabilidad extrema. Detrás de semejante abandono a los productores existe un lobby feroz de un sector petrolero que piensa en dividendos y no en federalismo, desarrollos regionales o sustentabilidad.

Nota de Diego Mestre en Clarín