Una visión pobre del federalismo es reducirlo al reparto de recursos fiscales.

Nuestros padres fundadores diseñaron nuestro federalismo en la convicción de que cada territorio del país debía gozar de las ventajas y responsabilidades del autogobierno, y que una razonable relación entre la Nación y las provincias permitiría condiciones de ciudadanía similares en todo el país. Hemos fracasado. Un porcentaje de la responsabilidad es ignorar los impactos territoriales de la política económica que se diseña. Actuamos como si el territorio fuera homogéneo.

Ahora bien, en 2006 se sancionó una ley de biocombustibles. El sentido de la norma era claro: responder a la recomendación de los expertos de diversificar la matriz energética. Lo han hecho aun potencias petroleras muy maduras. Alinearnos con objetivos ambientales urgentes en materia de emanaciones. Aprovechar las posibilidades de nuestra geografía agregando valor a la producción de granos o caña de azúcar.

Los instrumentos usados son dos: un pequeño diferencial en los derechos de exportación (2% menos en el biodiésel que en el aceite de soja, su materia prima) y un “corte” obligatorio para nuestros combustibles líquidos y así garantizar un piso de demanda, como lo han hecho otros Estados.

Nota de opinión de Fabio Quetglas en La Nación