Cuando tenía 4 años, mi madre decidió destinar el “salario familiar” a comprar un terrenito en un loteo popular, al solo efecto que yo disponga de algún recurso al llegar a mi adultez. Años después, el producido de ese bien financió una parte de mis estudios de posgrado.

En un país con inflación endémica, donde muchas veces no se puede acceder a moneda extranjera de forma legal, y en el que los depósitos bancarios sufrieron reiterados “manotazos”; nuestros sectores populares y clases medias apelaron a la propiedad inmobiliaria como estrategia para cuidar sus ahorros, el fruto de su trabajo.

Los departamentos comprados desde el pozo y los terrenos vacíos, bien pueden leerse como una anomalía, bien pueden leerse como la última frontera de familias que no quieren dejar de pensar en el futuro, ni permitir que se les escurra entre los dedos el valor de lo que legítimamente consiguieron. No se trata de bienes ociosos, cumplen el rol de “reserva de valor” para el que fueron adquiridos. Están vacíos, pero no son ociosos.

Nota de opinión de Fabio Quetglas en Clarín