Un millón de chicos se desvincularon de la escuela en 2020, en un país donde 6 de cada 10 niños son pobres. En los barrios populares, 1 de cada 4 chicos abandonó sus estudios y el Gobierno de científicos aún no sabe si volverán a la escuela. En el 2021 el Presidente, que no aprendió ninguna de las lecciones del año pasado, decidió -sin base científica- dejar a miles de chicos sin ir al colegio, rompiendo unilateralmente y por presión sindical uno de los consensos políticos y científicos más amplios en el medio de la pandemia: “Las escuelas debían ser lo primero en abrir y lo último en cerrar”. El “golpe contra las instituciones” no es como lo imagina la Vicepresidenta, el verdadero golpe es el que viene dando el Gobierno nacional contra la educación.

El fallo de la Corte Suprema ha puesto las cosas en su lugar, un bálsamo de razonabilidad dentro de tanta incertidumbre y pesar: reconoce la autonomía de la CABA y de las provincias -como Mendoza- para decidir respecto de la presencialidad más allá de las presiones y los decretos nacionales que impusieron la suspensión. Es un fallo a favor de la educación, de los chicos, de los padres y de aquellos sectores más postergados que son los que más necesitan la presencialidad.

La Corte nos ha recordado algunas lecciones importantísimas para todo el sistema político, y ha puesto en foco valores que el Presidente desprecia cada vez que usa la pandemia para concentrar poder, restringir derechos y atacar a la justicia.

Nota de opinión de Luis Petri en Infobae