El análisis de los alcances de la ley que autorizó al Poder Ejecutivo a contratar en condiciones de excepción vacunas contra el Covid-19 es hoy una cuestión de abordaje recurrente en los medios de comunicación y en el debate político. De buenas a primeras han brotado por todos los rincones especialistas en la ley y, especialmente, en su artículo 4, por la incorporación al texto de la salvedad a la garantía de indemnidad respecto de los daños provocados por conductas “fraudulentas, maliciosas o negligentes” por parte de los laboratorios.

La ley 27.573, aprobada a fines de octubre de 2020, tiene algunas particularidades de trámite, de contenido y de vigencia que vale la pena abordar.

Nota de opinión de Gustavo Menna en La Nación