La pandemia del Covid-19 ha vuelto manifiesta la solidaridad de la sociedad argentina en muchísimos casos que nos conmueven. Un solo hecho demuestra las consecuencias de este sentimiento fraternal: han sido las medidas de cuidado adoptadas por la sociedad responsablemente las que evitaron picos de contagio y saturaciones hospitalarias. Por otra parte, la pandemia ha exhibido brutalmente todas nuestras debilidades en la gestión de las políticas públicas, haciendo evidente la decadencia de un Estado que es cada vez más caro y con menos capacidades. Y también quedan develadas prácticas antidemocráticas, anticonstitucionales, que atentan contra los derechos humanos y nuestras garantías elementales.

Estamos ante una gravísima emergencia sanitaria y hay actividades que tienen que ser suspendidas según aumenten el número de contagios y de acuerdo con las diferentes realidades territoriales. Sin embargo, parece que el Gobierno olvida que en el país rige la misma Constitución nacional, con los mismos derechos y las mismas garantías. Y no es casualidad que sea en las provincias con personalismos hegemónicos donde se registren las violaciones más flagrantes de nuestra institucionalidad democrática. Tenemos los casos de Insfrán, gobernador de Formosa, o de Zamora, gobernador de Santiago del Estero, pero también están las arbitrariedades de quienes manifiestan una vocación hegemónica, el caso de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y también en muchísimas intendencias a lo largo y a lo ancho del país.

Nota de opinión de Emiliano Yacobitti en La Nación