Desde que nuestro país recuperó la democracia en 1983, las fuerzas de seguridad actúan como en cualquier país democrático del mundo: para proteger el derecho humano a la vida, proporcionar seguridad a los ciudadanos y mantener el orden. En eso se cifra el monopolio del uso legítimo de la fuerza que define la existencia del Estado, y se manifiesta y corporiza en la figura del policía que nos protege frente al delito. No se trata de un derecho, una prerrogativa o un privilegio del policía. Para él o ella es, simplemente, su deber; para el policía no es un trabajo, es una misión que surge de su estado policial. Y en el efectivo cumplimiento del mismo, se juega la seguridad, la tranquilidad y la vida de todos nosotros.

En diferentes rincones de nuestro país, hay un policía que realiza un acto destacado, distinguido o heroico, como el hecho por Luis Chocobar. Pero en muy pocas ocasiones, y tras largos sumarios probatorios, se le reconoce con el ascenso, que las leyes de policías disponen en estos casos y que, por lo general, llega post mortem. La mayoría de las veces, estos actos sólo son reconocidos y recordados por las víctimas, con la gratitud que vimos de Frank Joseph Wolek. Se asume como natural, casi con indiferencia, que queden en el olvido, invisibilizados, y cuando no, juzgados y condenados injustamente, como en este caso.

Para los cultores del abolicionismo penal, el uso de la fuerza es siempre ilegítimo. Ellos conciben a las fuerzas de seguridad como un instrumento de dominación de clases, al servicio del poder. Promocionando una inversión de la carga de la prueba en su contra, donde los policías son culpables hasta que demuestren lo contrario, debiendo enfrentarse a los tribunales después de haberlo hecho en la calle con los delincuentes.

Nota de opinión de Luis Petri en Infobae