El comienzo del año electoral en medio de la pandemia del Covid-19 nos enfrenta a la necesidad de continuar adaptando nuestras instituciones a un contexto que no habíamos siquiera imaginado, mucho menos legislado.

Mientras las autoridades sanitarias aconsejan reducir el traslado, aglomeración y contacto entre personas al mínimo, han comenzado a surgir discusiones acerca de la inconveniencia que significa la celebración de estas elecciones.

Las primeras reacciones del oficialismo ante esto son más que preocupantes.

Desde suspender las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias, hasta unificarlas con la elección general en una especie de ley de lemas nacional, hasta lisa y llanamente postergar las elecciones hasta el momento que se considere más conveniente para sus intereses. La argumentación a favor de estas ideas es brutalmente demagógica. Apelan al miedo al contagio y al ahorro de gastos. Son muy coherentes, despilfarran recursos públicos por un lado y procuran ahorrar en aquello que los somete a control, al mejor funcionamiento de la democracia.

Los argumentos del Gobierno, la situación sanitaria y el gasto que conllevan, omiten considerar otras opciones superadoras favorables a nuestra estabilidad institucional que permitan mantener las elecciones programadas sin desatender la salud de la población.

Nota de opinión de Facundo Suárez Lastra en La Nación