El Gobierno envió esta semana al Senado un proyecto de ley de superpoderes que desafía a la Corte Suprema de Justicia como intérprete último de la Constitución Nacional y que, paradójicamente, empequeñece el rol del Congreso. El proyecto de ley, bajo la apariencia de crear un marco normativo que establece parámetros de riesgos epidemiológicos y  restricciones, esconde una formidable delegación de facultades y avasalla la autonomía de las provincias.

La llegada del proyecto no supone un despertar republicano del Poder Ejecutivo, que recordó que es el Congreso quien debe dictar estas medidas y reglamentar derechos a través de leyes y no mediante DNU, sino muy por el contrario, es consecuencia del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que impugnó la validez del decreto 241/2, por violar la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al imponer la suspensión de las clases presenciales.

La forma que encontró el Gobierno para eludir y desconocer el contenido de dicha sentencia fue la conversión de los Decretos de Necesidad y Urgencia 241 y 287 en un proyecto de ley, que además, supone una delegación de facultades del Congreso, violando la Constitución, ya que lo hace sin precisar las bases de la delegación y sin determinar su plazo, haciendo depender su duración de la emergencia sanitaria, que fue fijada por decreto. En otras palabras, la delegación dura el tiempo que el propio Poder Ejecutivo determine y por ello, es inconstitucional.

Nota de opinión de Luis Petri en La Nación