La iniciativa presentada hoy por el gobierno en la Cámara de Diputados es el tercer proyecto sobre ganancias de las empresas que el Ejecutivo envía desde diciembre, y aunque busquen instalarlo como un “alivio fiscal”, no es tal.

Es realmente inédito que se presente una medida como un “alivio” porque no resulta tan gravosa como el último proyecto que presentaron. Lo cierto es que con la reforma tributaria de 2017 todas las empresas a partir de 2020 debían pagar el 25%, y el Presidente, a días de asumir en 2019, suspendió esa baja y dejó la alícuota en 30%.

Ahora con este proyecto va a contramano de la reforma tributaria y, si bien buscan dejar el 25% para un tramo de ganancias, otras empresas deberán pagar el 30% y el 35%, según el caso. Es decir, lo que hay en realidad es un aumento de impuestos, no un “alivio”.

Además, la reforma tributaria de de 2017 buscaba gravar más los dividendos para así incentivar la reinversión de las utilidades. Este proyecto da marcha atrás y abandona esa lógica, disminuyendo la alícuota para dividendos, en detrimento de la inversión. Todo esto se da en un contexto donde las empresas sufren una presión tributaria récord del 106%, la segunda más alta del mundo, de acuerdo al Banco Mundial.

Debemos destacar, por último, que la progresividad del impuesto a las ganancias de sociedades no opera como la progresividad del impuesto a las ganancias sobre las personas físicas. En las personas físicas prácticamente toda la carga recae sobre el contribuyente, mientras que las empresas tienen la capacidad de trasladar su impuesto a los consumidores en los precios. Por lo cual el discurso de “vamos a cobrarles a las empresas” no es más que retórica en verdad.