Avanza en comisión el proyecto de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental en materai de impacto ambiental

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DIPUTADOS APROBÓ EN COMISIÓN EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL

La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara baja aprobó hoy por unanimidad el proyecto de Presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de evaluación de impacto ambiental.

Lo hizo al unificar tres iniciativas, una de ellas del diputado radical Gustavo Menna, quien señaló que “este tema es una vieja deuda. Somos el único de los 33 países de América latina y el Caribe que no tiene una ley de evaluación de impacto ambiental. Con este dictamen al que llegamos por acuerdo unánime vamos a estar saldando esa deuda en materia de legislación ambiental”. Menna destacó también el consenso alcanzado: “Esto unifica y supera las iniciativas de Hernán Pérez Araujo, de Graciela Camaño y la mía”.

“La evaluación de impacto ambiental es aplicable a los proyectos y actividades que tienen la potencialidad de afectar y degradar el ambiente y permite a la autoridad ambiental con participación pública ponderar los efectos de esa afectación y también llevar adelante acciones de mitigación. Es una herramienta de política ambiental que tienen y utilizan 187 estados nacionales de 193 nucleados en la ONU. En nuestro país tiene antecedentes específicos como la Ley de Obras Hidráulicas y está mencionado en la Ley general del ambiente. También, como suele ocurrir, el derecho público provincial ha sido anticipatorio en esta materia”, explicó.

En ese sentido ejemplificó que “la ley 4032 de la Provincia de Chubut, de la década del 90, introdujo la exigencia del estudio del impacto ambiental y la audiencia pública como espacio de participación obligatorio como paso previo a aprobar un proyecto susceptible de afectar el ambiente”.

“En este dictamen se da pleno despliegue en particular a lo que tiene que ver con los derechos a la información pública ambiental y a la participación pública ambiental”, agregó.

También destacó que “con esto no solo damos desarrollo al artículo 41 de la Constitución, sino también a compromisos internacionales que asumió la Argentina, en particular el acuerdo de Escazú, que tiene rango supralegal. El proyecto trae también la regulación de la evaluación ambiental estratégica, a la que consideramos trascendente como factor de ordenamiento territorial.

Luego, el diputado Martín Berhongaray celebró también “este entendimiento sobre un tema tan caro a los intereses y las necesidades que tiene el país. Es un mandato pendiente de la reforma constitucional del ´94”.

16 de noviembre de 2021.

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