La diputada nacional Brenda Austin señaló hoy que el fallo de la Corte Suprema de Justicia finalmente “le pone un límite al Gobierno, que actuaba como si la Constitución Nacional estuviera en cuarentena”.
“El fallo de la Corte es una bocanada de aire fresco para la República. Hay división de poderes, hay control de constitucionalidad y hay límites aun en contextos de emergencia”, señaló Austin.
Tras analizar el fallo del máximo tribunal, la diputada rescató que los jueces invoquen el “diálogo” y “la concertación” como la base del sistema federal de gobierno, más aún en los casos donde existen competencias concurrentes como en materia de salud y educación.
También, destacó que la Corte ponga de resalto la obligación del Estado Nacional de sostener en base a la “evidencia científica” y “fundamentada” las medidas que se toman en el contexto de la pandemia.
“El fallo no sólo es clave porque le pone un límite al Gobierno, que actuaba como si la Constitución Nacional estuviera en cuarentena, sino también porque dice que la autonomía de las provincias o de CABA no se puede vulnerar ni aun por ley del Congreso (voto de la mayoría) y que la restricción a los derechos (en particular el de la educación) debe encontrar un límite en la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas, algo que la CSJN (voto de Lorenzetti) señala que deben respetar todas las autoridades, incluyendo a los gobernadores”, señaló Austin.
Y agregó: “Es decir, queda a salvo la autonomía y también la obligación de todas las autoridades de hacer lo que esté a su alcance para garantizar el derecho a la educación y su presencialidad, haciendo un juicio de ponderación, que no es otra cosa que analizar si la relación entre medios y fines guarda proporcionalidad”.
En esa línea Austin, que es docente de derecho constitucional y exsecretaria de Educación de la Ciudad de Córdoba, resaltó especialmente que el voto de Lorenzetti “aporta argumentos clave para defender el derecho a la educación, aún en contexto de emergencia”, al advertir que los principios constitucionales que limitan las restricciones de derechos, como la “razonabilidad” y “proporcionalidad” de las medidas, “son aplicables a cualquier autoridad” en el país y no solamente al Estado Nacional.
“Aun en contextos de emergencia, el cierre de escuelas debe ser siempre el último recurso”, remarcó Austin y agregó: “La Corte puso límites a una forma de gobernar por decreto. No hay emergencia que esté por encima de la Constitución”.