Diputados de Juntos Por el Cambio impulsan un proyecto de ley del diputado Gustavo Menna (UCR Chubut) que establece presupuestos mínimos en materia de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), una herramienta esencial de política ambiental, que permite valorar impactos de proyectos de obras y actividades antes de su ejecución, que constituye una deuda de medio siglo en la Argentina.

En el mundo, este instrumento está regulado desde los ´70. En Argentina las provincias fueron pioneras en incluir esta herramienta protectoria en sus legislaciones desde los ´80 y actualizaron desde  2000. Nuestro país es el único de América latina y el Caribe que no cuenta con una norma nacional específica.

Esta propuesta busca establecer un piso uniforme para todo el país y especialmente regular a aquellos proyectos públicos o privados que excedan a las jurisdicciones provinciales, con el fin de hacer cumplir lo normado en el artículo 41 de la Constitución Nacional en cuanto a “la utilización racional de los recursos naturales”. De hecho, mediante la EIA se pone en práctica el principio preventivo de protección ambiental anticipándose a la producción de daños y conflictos que podrían evitarse o minimizarse.

En el derecho internacional, el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, la Convención Ramsar (humedales), la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención sobre Cambio Climático y el Acuerdo sobre Ambiente del Mercosur, de los cuales Argentina es parte contratante, prevén la EIA.

A nivel nacional, la EIA está prevista como instrumento de política y gestión ambiental en la Ley General del Ambiente 25.675 que sostiene que “toda obra o actividad en el territorio de la Nación susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución”. Se trata, además, de una deuda que se renueva con la vigencia del Acuerdo de Escazú, donde la información y la participación pública en los procedimientos de EIA son un compromiso internacional más que la Argentina debe cumplir.

La EIA es una de las herramientas ineludibles para que el Estado pueda tomar decisiones públicas transparentes y fundadas, que respeten al ambiente y a la sociedad, que garanticen la calidad ambiental y de vida, y especialmente tiendan a concretar en la práctica la noción de desarrollo sustentable incorporada a la Constitución en 1994, que requiere del equilibrio entre las dimensiones económico, social y ambiental.

Acompañan esta iniciativa los diputados Brenda Austin; Mario Arce, Gabriel Frizza, Sofía Brambilla, Virginia Cornejo, Alicia Fregonese, Fernando Iglesias, Federico Frigerio, Josefina Mendoza, Federico Zamarbide, Roxana Reyes, Lorena Matzen, Luis Pastori, Álvaro de Lamadrid, Ignacio Torres, Marcela Campagnoli, Alejandro Cacace, Gonzalo del Cerro, Ximena García, Claudia Najul, Sebastián Salvador, Maximiliano Ferraro y Carlos Fernández.