Ante la convocatoria a una reunión de comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de Diputados el próximo lunes, con la presencia del ministro de Justicia, Martín Soria, para avanzar con el tratamiento de la reforma del Ministerio Público Fiscal, diputados de la UCR cuestionaron el intento del oficialismo de avanzar con su plan de impunidad, demostrando cuáles son las prioridades del Gobierno en medio de segunda ola del coronavirus.

El titular del Bloque, Mario Negri, señaló que “el ministro Martín Soria quiere que la Cámara baja apruebe los cambios a la ley del Ministerio Público Fiscal, que permite designar al Procurador General solamente con la mayoría peronista en el Senado y modifica el Jury, con el objetivo de poner a tiro a los fiscales que no militan en el kirchnerismo. Es claro que están obsesionados con la impunidad”.

Gustavo Menna, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales dijo que “sorprende que en un momento tan grave, con la pandemia en una situación tan crítica y desbordada, el gobierno insista con tratar leyes que no tienen nada que ver con las preocupaciones centrales de los argentinos, que pasan por la pandemia, la salud y la inflación descontrolada que tenemos, por el aumento de la pobreza y  la situación del empleo; y que por el contrario venga a pretender poner en tratamiento la reforma del Ministerio Público Fiscal, con el agravante que es una ley que desconoce la autonomía del Ministerio Público, que intenta controlarlo y morigerar las mayorías para la designación del procurador general. Es un proyecto que claramente va contra la Constitución Nacional.

Por su parte, Luis Petri, integrante de la Comisión de Justicia, agregó que “la reforma del Ministerio Público Fiscal es la piedra angular para avanzar hacia la impunidad de los corruptos. Si hay Ley de Ministerio Publico Fiscal, hay impunidad. Toda justificación para su aprobación es cotillón y maquillaje. El proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal otorga a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control la facultad de elegir un Procurador General interino. Es decir, si se aprueba, van a desplazar a Eduardo Casal y designar un procurador servil al plan de impunidad”.

El diputado Juan Martín, integrante de la Comisión de Justicia, afirmó “es alarmante e inaudito que la agenda del oficialismo en esos momentos de angustia y dificultades por el avance de la segunda ola de coronavirus, se centre en intervenir la justicia, y en consolidar un modelo de impunidad, impidiendo que avancen causas por corrupción. Pero el oficialismo avanza con su plan de impunidad, en un programa de intervención del Poder Ejecutivo en el Ministerio Público Fiscal para soslayar la independencia que consagró la Constitución de 1994. Buscan que las causas de corrupción no avancen, y que no solamente se pueda designar al jefe de los fiscales por una mayoría simple, sin el consenso que establece la legislación actual, sino que además cualquier fiscal que pretenda intervenir en una causa que sea inconveniente al gobierno, pueda ser removido sin más trámite.

Por su parte, Karina Banfi, integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, señaló que “el interés del kirchnerismo por controlar el Ministerio Público Fiscal comenzó en el gobierno de Cristina Kirchner y se vio interrumpido cuando llegó el gobierno de Cambiemos. Ahora necesitan insistir para tener el control de la persecución penal y dominar las causas de corrupción. La venida del ministro Soria al Congreso para tratar esta reforma muestra las prioridades del gobierno y su desesperación”.

Diego Mestre, a su vez, remarcó que con esta ley el oficialismo pretende “total discrecionalidad en la designación de un nuevo procurador, ya que no se necesitarían los dos tercios. Por otro lado apuntan a modificar las mayorías, no sólo para las futuras designaciones, sino también para las remociones de los fiscales, lo que se traduce en una acción lamentable de llevarse por delante la normativa del ministerio público, lo que de ese modo estaría afectando la autonomía y la independencia de los poderes del estado”.

Por otra parte, Menna también señaló que “de ninguna manera vamos a aceptar que se limite el uso de la palabra. Se ha cursado la invitación estableciendo que las preguntas al ministro deben ser formuladas por correo electrónico y hasta las 10 de la mañana del lunes, lo cual es absurdo, porque lógicamente las preguntas que tendremos que hacer surgirán luego de que el ministro exponga. Vamos a concurrir a la reunión y de ninguna manera vamos a permitir que se nos limite en el uso de la palabra y nuestra atribución constitucional de pedir toda la información a los ministros que comparecen en una comisión”.