Diputados nacionales del radicalismo, encabezados por Dolores Martínez, presentaron un proyecto a través del cual le piden al Poder Ejecutivo que elimine el privilegio conferido a los funcionarios públicos, quienes se encuentran exceptuados de cumplir con la cuarentena obligatoria cuando retornan o ingresan al país luego de haber cumplido una misión oficial.

“El Covid no distingue cargos, grados ni jerarquías, con lo cual la mera calidad de funcionario público no amerita un tratamiento diferencial respecto de la ciudadanía. Se ha exigido y se le exige un sacrificio a la sociedad haciendo foco en la prevención y el cuidado, corresponde en consecuencia que los funcionarios públicos cumplan en igualdad de condiciones, las reglas dictadas por la propia Administración para el ingreso al país”, aseguró Martínez.

La legisladora recordó que “desde el Poder Ejecutivo Nacional se ha hecho foco en la prevención como una de las principales armas con las que cuenta la sociedad para frenar el avance del Covid-19. A partir del Decreto 260/2020 se dictaron una gran cantidad de normas en tal sentido, y una de esas medidas fue establecer requisitos para autorizar el ingreso al territorio argentino, dispuestos por la Decisión Administrativa Nº 2252/2020 de fecha 24/12/2020 y sus sucesivas prórrogas”.

“Sin embargo -continuó-, se autorizó la excepción de efectuar la cuarentena a los funcionarios públicos que se encontraren realizando una misión oficial, estableciendo un privilegio incomprensible respecto del ciudadano común que, si bien podría encontrar alguna justificación desde la importancia de la función que desarrollan, no tiene asidero alguno desde el punto de vista sanitario. Asimismo, no se distinguen grados ni jerarquías de funcionarios a los que se aplica esta excepción, con lo cual todos aquellos que se encuentren ejerciendo una misión oficial se encontrarían alcanzados y, por ende, el argumento relativo a la importancia de sus funciones, se diluye”, remarcó la legisladora.

En los fundamentos del proyecto, Martínez recordó que una de las estrategias sanitarias para contener la llegada y el avance de la cepa Delta (y de las cepas ya circulantes) es el testeo a los siete días. Fuentes médicas advierten que un alto porcentaje de los casos detectados hasta el momento en el país, se descubrieron con el tercer hisopado, una semana después de la llegada al país. Ello que se ha dado en llamar el PCR del séptimo día, se ha hecho oficial, a través de la Decisión Administrativa 268/2021, modificada por Decisión Administrativa 643/2021. Dicho hisopado, que se aplica a todos los ciudadanos como condición para finalizar el aislamiento obligatorio, cuyo costo debe ser asumido por la persona que ingresa al país y que deberá efectivizarse en las condiciones que establezcan las autoridades competentes, no se aplica a los funcionarios en misión oficial, quienes quedan exceptuados de efectuar el aislamiento, una vez producido su ingreso al país luego de cumplida la función para la que viajaron.

El proyecto lleva también la firma de los diputados Carla Carrizo, Emiliano Yacobitti, Alejandro Cacace, Claudia Najul, Gonzalo del Cerro y Gerardo Cipolini.