Alberto Fernández pasará a la historia como el presidente que más cantidad de decretos de contenido legislativo ha dictado por año. Hasta acá lleva 171, de los cuales 118 son DNU, 46 de legislación delegada y 7 de promulgación parcial. Tales son las tres variantes por las cuales el Poder Ejecutivo legisla en “envase” de decreto.

Si computamos solo los DNU, Fernández ha dictado casi 60 por año. Si tomamos todo el paquete de decretos con contenido legislativo, son 86 por año. Se lleva este gobierno el triste récord de ser el que más atribuciones del Congreso de la Nación ha arrebatado desde que irrumpieron en la escena política estos decretos.

Aunque sea una obviedad hay que decirlo: la atribución de legislar es del Congreso, no del Poder Ejecutivo. No podemos correr el riesgo de naturalizar que el presidente legisle por decreto. No podemos seguir hablando de restricciones impuestas por DNU como si fuera algo sacrosanto.

Es cierto que la Constitución reformada en 1994 le ha reconocido esa atribución. Pero concebida como excepcional y solo para conjurar situaciones urgentes, cuando no es posible seguir el trámite ordinario previsto para la aprobación de las leyes.

Nota de opinión de Gustavo Menna en La Nación