La diputada nacional Jimena Latorre (UCR Mendoza) participó hoy de la audiencia pública convocada por el ENRE para debatir sobre la adecuación tarifaria de transición en 2021 y destacó “la falta de expertise técnica” en el Informe de Auditoria 2020, que “contiene información incompleta y desordenada, con notoria falta de intervención del cuerpo técnico regulatorio y técnico jurídico pero sí con abuso de argumentos políticos y pobrísima solidez para fundamentar”.

Destacó que “este avasallamiento institucional y normativo empezó con la Ley de Emergencia 27.541 y la declaración de Emergencia Energética”.

En cuanto a la intervención, Latorre afirmó: “ha excedido los plazos, sin mostrar resultados, para llegar a las próximas elecciones con tarifas congeladas. No es más que una politización de los Entes que fiel al relato populista esconde la realidad sólo para ‘contener’ al votante”. 

En ese sentido, se refirió a que la intervención desconoce los principios regulatorios y tarifarios consagrados la Ley 24.065 y desconoce la teoría de las nulidades administrativas y es por ello que sugiere la nulidad de la RTI llevada a cabo en 2016, como así también de los nombramientos del directorio anterior, designado por concurso. 

Agregó: “Lo más grave es que no existe informe final del Ente y no podemos analizar si lo que solicitan las distribuidoras está bien o mal, básicamente porque la intervención del Ente no sabe o no quiere determinar cuánto es lo necesario para que las transportistas y distribuidoras puedan prestar un servicio público esencial en condiciones de eficiencia y accesibilidad”.

En un escenario de incertidumbre y ‘transición’ ha trascendido la venta del paquete accionario mayoritario (55,14%) de la Distribuidora EDENOR de Pampa Energía a Edelcos, sociedad de los empresarios Manzano, Vila y Filiberti. Para Latorre “es importante conocer el proceso de cesión, si se contempla el desistimiento por parte de los grupos económicos intervinientes (comprador y vendedor) de reclamos y/acciones en contra del Estado Argentino en tribunales locales y/o internacionales, de forma de liberar al Estado Nacional de contingencias legales futuras; y cuál es la rentabilidad garantizada a los pretendidos cesionarios, en el marco de un proceso de re determinación de tarifas y renegociación de contratos vigentes, recientemente iniciado”.

“Como argentina me preocupa la arbitrariedad y discrecionalidad de la intervención de un Ente que ha perdido su capacidad técnica, los daños emergentes de políticas populistas que significarán subsidios anárquicos, discrecionales e insostenibles en un Estado sin recursos, el deterioro del servicio y la desinversión en infraestructura que significará restricciones e impedimentos para la producción y el desarrollo y por supuesto el daño futuro que estas medidas significarán en juicios millonarios que lamentablemente no pagan los decisores políticos sino todos los contribuyentes argentinos”, sostuvo la diputada. 

“Como mendocina, me preocupa que una vez más la fiesta de subsidios para mantener el voto del AMBA a costa del interior productivo y la clase media”, concluyó Latorre.