El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR  La Pampa) presentó un proyecto para  reformar la ley 24.354 de Inversiones Públicas, para que en caso de programas y proyectos de cuencas hidrográficas interprovinciales que modifiquen el ambiente o alteren ecosistemas, deberá requerirse la opinión del Comité de Cuenca correspondiente y, de no encontrarse constituido, la autorización de los gobiernos condóminos. Las objeciones totales o parciales formuladas tendrán fuerza vinculante.

“La reforma propuesta se alinea con la fórmula incorporada en el artículo 41 de la reforma constitucional de 1994 que ordena enderezar todas las políticas públicas hacia comportamientos que resguarden la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones”, explicó Berhongaray.

Destacó que “el aprovechamiento de un recurso hídrico será sustentable en la medida de que todos los proyectos, particularmente los de infraestructura y los del sector productivo, resulten compatibles con la protección del ambiente”.

La iniciativa señala que uno de los principios rectores de la política hídrica es el denominado unidad de cuenca que, a partir de considerarla en su integralidad, reconoce como premisa básica la coordinación institucional y la participación activa en todas las decisiones de manejo por parte de aquellas jurisdicciones que ostenten el carácter de condóminas  o cotitulares del recurso.

“El principio de unidad de cuenca se vulnera cuando en forma inconsulta se dispone un aprovechamiento unilateral de un cauce que, por sus condiciones de interprovincialidad, debiera suponer una administración compartida con injerencia de los gobiernos condóminos, en muchos casos facilitados por la financiación con fondos nacionales las obras de infraestructura que, planteadas para regular caudales y generar energía eléctrica, terminan permitiendo usos consuntivos -irrigación, Industriales, etc- que resienten escurrimientos aguas abajo y ocasionan perjuicios sociales, productivos y ambientales”, señaló el diputado pampeano.

Agregó: “En estos casos es necesario restringir la financiación con fondos nacionales y  en todos los casos, esas decisiones de inversión deben necesariamente requerir el consentimiento -y autorización expresa para su realización- de cada una de las jurisdicciones condóminas”.

Acompañan esta iniciativa los diputados nacionales de la Unión Cívica Radical Lidia Ascárate, Ximena García, Gerardo Cipolini y Lorena Matzen.