El Presidente le pone precio a su impunidad. El mismo que amenazó a los argentinos con ser inflexible a la hora de hacer cumplir la cuarentena y de declamar que se acababan los vivos, hoy hace una maniobra para lograr que la Justicia no caiga sobre él. Propuso una conciliación que no se encuentra prevista por la ley para evitar un proceso que tiene un destino inevitable: la condena.

La postura asumida por el fiscal Fernando Domínguez, que aceptó la compensación económica de 1,6 millones de pesos propuesta por Alberto Fernández, resulta a todas luces refractaria de la legislación, en tanto que ha privilegiado el interés del autor del delito, nada más y nada menos que el presidente de la Nación, por sobre el interés de la sociedad que exige una resolución acorde con el principio de prevención general que campea y le da sentido al sistema represivo penal.

Para entender esto hay que entrar en el análisis del Código Penal y los códigos de procedimientos vigentes. 

El instituto de la reparación integral (artículo 59, inciso 6, del Código Penal) recepta el criterio de oportunidad en el ejercicio de la acción penal, asumiendo un mecanismo alternativo de solución de los conflictos penales. Sin embargo, su aplicación tiene un límite: cuál es el interés público en juego en cada proceso penal concreto.

Nota de opinión de Mario Negri en La Nación