El artículo 124 de nuestra Constitución Nacional establece que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”, y por su lado el 41 nos dice que ”.. corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales”.

Esto implica que, cualquier ley que busque regular la gestión de los humedales, debe contemplar que las provincias son los actores principales en el manejo de sus recursos naturales. Y este es el primer punto donde fallan varios de los proyectos en debate.

Deben ser las provincias quienes, con los criterios que se fijen en la ley, hagan el inventario de humedales existentes en su territorio. Así ocurre con la Ley de Bosques Nativos y así debe suceder con todas las leyes de presupuestos mínimos ambientales. El inventario es por definición el primer acto de gestión.

Incluso, se podría debatir que las provincias tomen como referencia el inventario elaborado recientemente por el INTA. Podría ser una buena base para que las mismas elaboren los suyos. Esto sería interesante también para fortalecer el rol del INTA en estas materias y desarrollar una agenda local y no una que responda a organizaciones internacionales.

Algunos proyectos impulsados por mis colegas, por su definición de humedales, restringen, en algunos casos severamente, el uso del 50% de las tierras productivas del país. La sanción de una ley así tendría impactos negativos en la producción, afectando la inversión y por ello la generación de miles de puestos de trabajo ligados a las economías regionales. Hacer política pública no es declarar objetivos mediante leyes que difícilmente puedan ser aplicadas y cumplidas. Necesitamos normas razonables, capaces de transformar la realidad para mejor y entendiendo que los productores son aliados y no enemigos.

Nota de opinión de Jorge Vara en La Nación