En muchas sociedades se castiga fiscalmente la vivienda vacía. La lógica detrás de dicha decisión es estimular a los propietarios a poner en el mercado las mismas, para facilitar el acceso a los demandantes. Se supone que constituye una medida “antiespeculativa”, orientada a darle fluidez a la oferta.

Ahora bien, en la mayoría de esas sociedades (a diferencia de lo que ocurre en la Argentina), el ahorro a largo plazo en inmuebles urbanos es una alternativa económica entre otras. La razón de tal circunstancia es que quienes disponen de posibilidades de ahorro tienen un amplio menú de alternativas seguras y de fácil liquidez. Es muy usual que las familias de clase media en Europa ahorren en deuda pública de sus países sin temor al default; en EE.UU. es la bolsa (y por tanto el apalancamiento del tejido empresarial) la que se lleva las palmas; eso sin mencionar que muchísima gente sencillamente deja el dinero en el banco con la convicción (al menos hasta ahora) de que la tasa de inflación no erosionará el resultado de sus esfuerzos.

En la Argentina, que a lo largo de los últimos 50 años vivió 2 hiperinflaciones, largos períodos de alta inflación, reemplazo compulsivo de plazos fijos por bonos a largo plazo, pesificación forzada, prohibiciones de acceder legalmente a moneda de refugio, etcétera, todo eso consolidó una larga tradición de ahorrar en inmuebles como una forma de “seguro”. Los que toman dicha decisión no lo hacen pensando solo en la rentabilidad, sino para protegerse de los manotazos predatorios de un sector público que recurrentemente apela a recursos que no le pertenecen para financiarse o para resolver catástrofes que él mismo ha generado.

Nota de opinión de Fabio Quetglas en La Nación