Argentina atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años y las perspectivas no son buenas. Urge que el gobierno nacional revierta esta tendencia y logre poner en funcionamiento los sectores productivos del país para recuperar empleo, competitividad y crecimiento genuino. Para ello, se debe prestar atención a los precios de la obra pública.

Sabemos que la obra pública es un motor fundamental de crecimiento de empleo y desarrollo económico. También sabemos que en momentos de inestabilidad económica y en el contexto inflacionario que atravesamos, la incertidumbre paraliza obras. También se distorsionan los precios, se demora o corta la cadena de pago y se termina afectando a miles de trabajadores.

Frente a este escenario, necesitamos implementar mecanismos para reactivar la construcción, eliminar incertidumbres, sincerar ofertas y garantizar el cumplimiento de los contratos. Es importante que esos compromisos a largo plazo mantengan la equidad contractual. Así se dará garantía a las partes y sostenibilidad al proyecto. Por eso es fundamental que se sincere la oferta y quede en claro cada uno de los mecanismos.

El problema de variaciones constantes de precios de la obra pública

Hoy tenemos un doble problema para mantener esa equidad. Por un lado, el de las variaciones constantes de precios de la obra pública. Esto es producto de la inflación y la suba de los costos -que debe reconocerse con algún mecanismo para redeterminarlos-. Por otro lado, el costo financiero por la demora excesiva en los plazos de pago de los certificados de obra.

El régimen de variaciones de precios. A modo de ejemplo, una de las formas eficientes de subsanar este problema fue determinar los precios en Unidades de Vivienda (UVI). Eso resuelve este inconveniente en ese rubro. Por ley se estableció la UVI como mecanismo para cotizar el valor actualizado en el tiempo de una vivienda equivalente a 90 m2 construidos. Sin embargo, esto no ocurre en las obras viales e hidráulicas; por eso deberíamos avanzar con la implementación de una unidad con mecanismo de actualización.

El problema del alto costo financiero

Como mencionamos, el segundo problema que existe es el alto costo financiero generado por el período de espera. La administración pública normalmente establece el pago de los certificados de obra a sesenta o noventa días, y en ocasiones este plazo es aún mayor. Las empresas recurren al sistema financiero para poder financiar las obras y esa tasa de financiamiento es muy alta. Una forma de sincerar incorporar en los pliegos la condición de pago de interés por la demora administrativa en el pago de certificados. Así, se compensa la tasa de descuento que sufre la empresa constructora con el interés que reconoce el Estado por ese período específico de espera.

Con esto, la cotización inicial que realiza la empresa sea lo más concreta y refleje el costo real, es decir el precio cierto de la obra. Además, si se sincera la oferta, se agiliza también los mecanismos de la administración para pagar lo más rápido posible.

Reactivar la obra pública significará trabajo, crecimiento y oportunidades para muchas familias. Frente a estos escenarios de inestabilidad hay que lograr previsibilidad para que la obra se mantenga y dinamice. Es claro que sin certezas no hay desarrollo posible.